La Justicia le ordenó al Gobierno porteño que garantice las vacantes en las escuelas

La iniciativa insta al Ministerio de Educación de la Ciudad a adoptar las medidas necesarias para asegurar el acceso a la educación primaria y secundaria. La Comuna 9 es una de las más afectadas.

La titular del Juzgado n° 4 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Elena Liberatori- quien visitó el Rogelio Yrurtia en una inspección ocular en julio-, estableció que el derecho a la educación está siendo vulnerado, sobre todo en el sur porteño. El fallo resalta la inacción del Ministerio de Educación, encabezado por Soledad Acuña, a la hora de cumplir su rol y su acción obstaculizadora para brindar información oficial.

Además, la magistrada, quien prestó especial atención al uso del idioma inclusivo, envió un oficio a la Legislatura para que “resuelva destinar los fondos presupuestales pertinentes” e impulse “acciones tendientes a brindar una solución integral”.

La resolución fue realizada en el marco del amparo presentado en 2016 encabezada por el entonces legislador porteño Patricio del Corro en conjunto con representantes de los gremios docentes, Asociación de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Ademys), y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), junto a dos madres de niñas en edad escolar.

El documento le solicita al Gobierno de la Ciudad que informe la cantidad de vacantes ofertadas para las escuelas públicas de gestión estatal de la CABA en sus tres niveles, e insta al GCBA a “cumplir con su obligación constitucional de asegurar y financiar el acceso a la educación pública, laica y gratuita de niñes (sic) y adolescentes”.

También solicita que “se lo condene a adoptar las políticas y el financiamiento necesario para asegurar el acceso y otorgamiento de todas las vacantes solicitadas, en particular mediante la construcción y puesta en funcionamiento de nuevas escuelas y la construcción de nuevas aulas en los establecimientos educativos ya existentes”.

Entre los fundamentos del fallo, la magistrada explicó que según un análisis de las manifestaciones vertidas por las Supervisiones, hay falta de cupos sobre todo en los Distritos Escolares (D.E.) ubicados en la zona sur de la CABA (D.E. 5, 13, 19, 20, 21), entre los que se encuentra la Comuna 9.

La dificultad para conseguir una vacante se acentúa principalmente en los primeros años, de 1° al 4° grado, y en las escuelas de jornada completa. Al respecto, Liberatori expresó que “la falta de vacantes es una realidad concreta, que se presenta con notoriedad principalmente en aquellos distritos que tienen dentro de su jurisdicción barrios vulnerados”.

Por su parte, los denunciantes sostienen que la situación es “sumamente grave”, ya que “la Administración local ha tenido a su disposición suficientes recursos económicos y materiales para acrecentar la oferta educativa, no utilizándolos, marginando a la comunidad de niños y adolescentes del sistema educativo público. La situación es aún más grave en los casos de familias de escasos recursos, quienes directamente ven vedado su derecho a escolarizar a les niñes en el sistema de educación inicial”.

 

Explicaciones

La resolución sostiene que cuando la ministra Acuña dio respuestas, lo hizo con información “parcial, incompleta, no detallada, ni explicada”.

Y agrega que el ministerio explicó que las plazas alcanzaban, pero que en algunos casos las familias de los chicos declinaban el ofrecimiento de las escuelas que el sistema le proponía y que, en otros casos, había lista de espera.

“Esa denominada ‘espera’ es un eufemismo para solapar la falta lisa y llana de vacantes accesibles para les niñes y adolescentes de la Ciudad. El mentado ofrecimiento es falaz porque casi siempre son vacantes no accesibles para la gente”, advierte el fallo.

En el escrito, Liberatori cita la Ley Nacional de Educación n° 26.206, que en su artículo 12 menciona que “el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad, de manera concertada y concurrente, son los responsables de la planificación, organización, supervisión y financiación del Sistema Educativo Nacional, que deben garantizar el acceso a la educación en todos los niveles y modalidades”.

También utiliza los artículos  23 y 24 de la Constitución porteña, los cuales establecen que el GCBA tiene la «”responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal, laica y gratuita e todos los niveles y modalidades”.

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