Se elevó un proyecto a la Legislatura para conocer la situación de la infraestructura vinculada al proyecto del Ferrocarril Sarmiento, que permanece abandonada desde hace años.
Los diputados de la Ciudad aprobaron un proyecto de resolución en el que le piden al Poder Ejecutivo que informe, con carácter urgente, sobre la situación de los obradores del soterramiento del Tren Sarmiento ubicados en la calle Cuzco al 200, barrio de Liniers. Según se asegura en los fundamentos, su presencia y falta de mantenimiento impacta directamente en la vida de los vecinos.
El escrito fue impulsado por el integrante de la Junta Comunal 9 Alberto Espiño y elevado a la cámara a través de la legisladora Bárbara Rossen.
Entre los puntos principales, requiere conocer si existe algún acuerdo con el Gobierno Nacional o empresas concesionarias por el uso o custodia del dispositivo; si se ha aprobado un plan integral de desmantelamiento y/o reconversión; cuales son las tareas que se realizaron allí durante los últimos tres años, incluyendo retiro de estructuras, vallados, maquinarias y materiales, acondicionamiento del terreno y medidas de limpieza y desinfección; si se hicieron relevamientos del impacto en la seguridad, la circulación peatonal y vehicular, la higiene urbana y la calidad ambiental en el entorno; si ya hay reclamos o actuaciones administrativas al respecto y las respuestas que se les brindaron.
También piden saber si el predio se encuentra debidamente cercado, iluminado y señalizado o qué medidas se tomaron para prevenir intrusiones, hechos de inseguridad, siniestros y la acumulación de residuos; si hay una definición oficial del destino futuro del espacio una vez desmantelado (si se proyecta su recuperación como espacio público, equipamiento comunitario u otros usos de interés social); y si en el ámbito del Gobierno de la Ciudad se ha evaluado el impacto presupuestario de su mantenimiento y/o cierre.
“Los obradores vinculados al soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, en particular el ubicado en la calle Cuzco al 200, permanecen en condiciones de abandono desde hace años y generan un grave impacto sobre la vida cotidiana de los ciudadanos”, sostiene Rosen en los fundamentos del proyecto.
También menciona que la ocupación prolongada del espacio público se suma a los vallados deteriorados y materiales en desuso dificultan la circulación, degradan el entorno urbano, acumulan basura y pueden ser focos de plagas; y que las falta de definiciones aumenta la incertidumbre y el malestar de quienes habitan y transitan la zona.
“Frente a esta situación, el propio Gobierno de la Ciudad anunció en 2025 un plan de reducción y reorganización de nueve infraestructuras en desuso vinculados al soterramiento, localizados en Flores, Floresta, Villa Luro y Liniers, con el objetivo declarado de recuperar espacio público, mejorar la movilidad peatonal y vehicular y responder a los reclamos vecinales. Sin embargo, las crónicas periodísticas más recientes indican que, en el caso concreto del de Cuzco al 200, las tareas de cierre y retiro de estructuras no cuentan con plazos claros de finalización, y la falta de definiciones unívocas entre la Ciudad y la Nación perpetúa la problemática”, manifiesta.
A la vez que expone que representantes de la Comuna 9, la Defensoría y legisladores ya iniciaron gestiones y pedidos de informes para exigir una solución urgente, lo que demuestra, según la diputada, “la relevancia institucional del tema y la necesidad de contar con información oficial para ejercer adecuadamente las funciones de control y planificación”.
Al respecto, agrega: “La situación en Liniers requiere precisiones específicas sobre responsabilidades, cronogramas de cierre, medidas de seguridad, impacto presupuestario y destino futuro del predio. Su estado de abandono no solo afecta la calidad del espacio público y el orden urbano, sino que también implica un posible riesgo para la seguridad de las personas, especialmente en lo que respecta a intrusiones, siniestros, acumulación de residuos y presencia de roedores o vectores”.
Y concluye: “La falta de información clara y accesible sobre las acciones concretas que se están llevando adelante para resolver el problema vulnera el derecho de la ciudadanía a conocer la gestión de los bienes públicos y el uso de los recursos destinados a obras de infraestructura de alto impacto. Por todo lo expuesto, y ante la persistencia de los reclamos vecinales y la necesidad de que el Gobierno de la Ciudad brinde respuestas concretas, claras y verificables, se solicita la aprobación del presente pedido de informes”.