Las modificaciones buscan frenar las construcciones de altura en barrios de casas bajas, desarrollar de la zona sur y centros de comercios barriales, entre otros puntos. Resta que pase por audiencia pública y luego volverá al recinto.
El jueves pasado, los diputados de la Ciudad aprobaron, con 32 votos positivos, 6 negativos y 19 abstenciones, la primera lectura de una serie de reformas que se prevén introducir en el Código Urbanístico porteño (CUR). Las mismas apuntan a la preservación de los barrios con inmuebles bajos (a excepción de las avenidas), prioriza los pulmones de manzana y propone un esquema de incentivos para los desarrolladores en el sur.
El CUR, que regula el uso y la edificación del suelo en CABA, debe ser actualizado cada cuatro años por ley. En esta instancia, debe pasar por la audiencia pública, el próximo 6 de noviembre, en la que vecinos, organizaciones sociales y especialistas podrán dar su opinión (para participar hay que inscribirse a través de la web hasta el 31 de octubre), y luego volverá al Parlamento para su resolución definitiva.
Uno de los principales cambios impulsados en el escrito es la reorganización de las Unidades de Sustentabilidad de Altura Baja (USAB), a través del cual las alturas se ajustarán priorizando las escalas barriales. Pasarán a ser tres medidas: USAB 0 (para construcciones hasta 9 metros), USAB 1 (hasta 12 metros) y USAB 2 (hasta 14,60).
Este aspecto intenta dar respuesta a la creciente preocupación de vecinos sobre el incremento de grandes establecimientos que impactan en la identidad de diversas zonas. Sin embargo, la medida no incluye avenidas, donde sí se podrán realizar establecimientos de altura.
Además, se recuperaron los centros libres de manzana, que son los espacios de suelo verde absorbente que habían sido limitados en el Código vigente desde 2018, y se reincoporó la “capacidad constructiva adicional”, una herramienta que busca revitalizar centros comerciales barriales y áreas del sur de la ciudad a partir de un estímulo a los desarrolladores para que inviertan en esas zonas y reciban beneficios para emprender en polígonos con más densidad urbana.
El proyecto también tiene un anexo específico en el que promueve la conservación y revalorización del patrimonio urbano mediante la catalogación definitiva de 4.354 inmuebles con valor arquitectónico, que hoy están en el catálogo preventivo.
Por su parte, el trabajo legislativo dejó sin efecto la propuesta de poder levantar edificios sin balcones en zonas residenciales, se quitó la posibilidad de avanzar en los englobamientos de parcelas por encima de los 2500 metros cuadrados y se sumó la denominación como “áreas de desarrollo prioritario” a un sector del barrio de Constitución y el polo industrial de la Avenida Avellaneda, en Flores, para estimular ambas zonas.
Quedaron pendientes para el debate en segunda lectura temas como que las plazas de la ciudad obtengan la denominación de “urbanización parque”, con el fin de garantizar la conservación del suelo absorbente; la incorporación de las propuestas urbanas elaboradas por los grupos de vecinos en defensa de la identidad barrial y que sean añadidos los barrios populares dentro de la normativa urbana.
Debate controvertido
El proyecto había sido enviado a la Legislatura el 30 de julio por la administración de Jorge Macri y debatido por los diputados durante el último mes y medio, cuando se le realizaron algunos cambios al texto original.
La polémica apareció frente a la posibilidad de incorporar a último momento un artículo que obligara a que los edificios de más de 25 unidades tengan una vivienda para los encargados de la portería -que se encuentra derogado en el CUR votado en 2018-.
Aunque se trataba de un “borrador”, o un “texto a considerar”, hizo que se pasara a un cuarto intermedio, debido a un enfático rechazo de espacios como Confianza Pública, Coalición Cívica y la UCR.
Esta negativa hizo que se demorara el inicio de la sesión por más de cinco horas. Cerca de las 18 hubo finalmente quórum y se votó la versión final en la que no estuvo el apartado cuestionado.
La iniciativa que quedó recibió votos positivos de Vamos por Más (la alianza entre el PRO y la Coalición Cívica) junto a las bancadas aliadas de la UCR, Confianza Pública, el socialismo, Republicanos Unidos y una facción libertaria.
En contra, votaron tres legisladores de La Libertad Avanza y tres del Frente de Izquierda, mientras que Unión por la Patria y tres diputados que responden a Patricia Bullrich y Marina Kienast, del Frente Liberal Republicano, se abstuvieron.