La próxima semana se oficializarán los nuevos valores. El boleto mínimo pasará a $370 y Nación ya anunció que en septiembre dejará de subsidiarlo completamente.
A partir del lunes 12 de agosto entrarán en vigencia los aumentos de los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que incluye las 134 líneas -del 1 al 200- que cruzan Ciudad y Provincia, y son administradas por el Gobierno Nacional.
Para las personas que tienen su tarjeta SUBE registrada las tarifas serán menores que para quienes no la tengan inscrita. Para esos usuarios el mínimo, de 0 a 3 kilómetros, subirá $100 y pasará a costar $370. En trechos más largos todos los incrementos serán mayores.
La traza de 3 a 6 kilómetros irá de $300,78 a $413,44; la de 6 a 12, de $323,95 a $445,29; la de 12 a 27; de $347,15 a $477,17; y más de 27 kilómetros, de $370,18 a $506,83.
En el caso de los pasajeros que no tengan su tarjeta su SUBE declarara, el intervalo de 0 a 3 kilómetros pasará de $429,30 a $590,10; el de 3 a 6, de $478,24 a $657,37; el de 6 a 12, de $515,08 a $708,01; el de 12 a 27; de $551,97 a $758,70; y el último se acrecentará de $588,59 a $805,04.
Seguirá vigente la Tarifa Social, dirigida directamente a los sectores más vulnerables, que brindará un descuento del 55%.
También continuará el beneficio de RED SUBE para los viajes de jurisdicción nacional en el AMBA, que contempla un descuento al hacer más de un trasbordo en el lapso de dos horas.
Ni un peso más
El secretario de Transporte de la Nación Franco Mogetta anunció en la Cámara de Diputados que “desde septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones” de sus colectivos, es decir, que dejará de subsidiar completamente las líneas que circulan en CABA.
De este modo, para el mes que viene 31 ramales (4, 6, 7, 12, 23, 25, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 68, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118, 132 y 151) pasarán a la órbita del Gobierno porteño. Seguirán siendo solventados por fondos públicos las que crucen las jurisdicciones entre provincia y capital.
El funcionario afirmó que “el Estado nacional no va a poner un peso más” y que la administración local “se va a tener que hacer cargo del boleto integrado”, que es el beneficio de la red SUBE.
Además, mencionó que cuando asumió el presidente Javier Milei en diciembre se “subsidiaba el 92% de los costos que demandaban las empresas para funcionar” en el Área Metropolitana y detalló que “en la actualidad estamos en un 67% aproximadamente de cobertura de esos costos, con la mejora del manejo de los recursos de todos los argentinos”.
“Nos estamos ocupando de eficientizar estos indicadores, ya que creemos que las empresas tienen que tener una mayor autonomía, sobre todo las que son privadas, y deben manejar con mayor libertad sus ingresos, y no estar condicionados por la subvención”, puntualizó.
El vicepresidente de la Asociación de Empresarios del Transporte Luciano Fusaro aseguró en declaraciones a la AM 750 que en este marco hay que “multiplicar por cuatro el cuadro tarifario” y que necesitan una definición urgente porque “en estas condiciones, las líneas no pueden trabajar”.
Desde el sector advierten que sin ese financiamiento el mínimo se dispararía de $270 a $1.080. Si se tiene en cuenta el aumento a $370, se elevaría a $1.480 desde el próximo mes, Resta determinar si esta quita será absorbida por el presupuesto de CABA para el servicio o si se trasladará al usuario y se verán incrementos en el boleto.
La decisión que adoptó la secretaría que depende del Ministerio de Economía de Luis Caputo suma un nuevo foco de tensión con la Ciudad, que se suma al tema de la coparticipación.
Las autoridades porteñas respondieron en un comunicado que la asignación y el pago de subvenciones al transporte público le corresponde al Gobierno nacional y que cualquier modificación o transferencia de competencias debe realizarse a través del Congreso.
“En el caso de que no efectivice la parte de las compensaciones que le corresponde realizar, conforme a lo oportunamente comprometido y en el marco de la doctrina de los actos propios, corresponde hacerlo directamente responsable del conflicto que pudiere generarse con las empresas prestatarias”, expresaron.
Y agregaron: “Hace más de 5 años esta ciudad colabora en el subsidio que refieren a líneas cuya jurisdicción es exclusiva del Estado Nacional, pese a no participar en la definición de dichas tarifas, las que también son definidas unilateralmente por esa jurisdicción. La decisión comunicada respecto a la modificación unilateral de las condiciones acordadas va en contra, no solo del principio de colaboración en el que se sustentaron los convenios suscriptos por las partes a través de los años, sino también de la sostenibilidad del sistema”.