Buscan frenar la expansión del estacionamiento medido

Legisladores porteños presentaron un proyecto de ley para derogar la extensión de los parquímetros.

Diputados de la Ciudad  por el Frente de Todos elevaron una iniciativa que busca que el estacionamiento medido siga funcionando en las zonas en las que lo hizo siempre, y que continúe siendo un servicio público por sí, pero  que se garantice la estabilidad laboral a los empleados de las empresas actualmente prestatarias del servicio.

Los autores del documento son Lucía Cámpora, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Ofelía Fernández, Claudio Ferreño, Laura González Velasco, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, María Rosa Muiños, Claudia Neira, Lorena Pokoik Gracía, Santiago Roberto, Leandro Santoro, Cecilia Segura Rattagan, Manuel Socías y Juan Manuel Valdéz.

“El estacionamiento medido en la CABA ha tenido un importante derrotero a lo largo de los años, dando lugar a un gran número de modificaciones producto de cambio de objetivos y visiones respecto de la función del mismo”, sostiene el escrito.

Luego resume las últimas reformas: el Código de Tránsito y Transporte (2006), que estableció la posibilidad de determinar por ley sectores de estacionamiento tarifado en la vía pública, pero circunscripto a la zona céntrica; la Ley 4888 (2014), que modificó el Código, permitiendo concesionar el servicio de estacionamiento medido, y extendiendo enormemente el área de imposición, habilitando la división de la misma en 5 a 7 zonas. También incorporó como los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares, donde se aclara que el GCBA les provee a los eventuales concesionarios los predios para las playas de acarreo. Esta ley fue impugnada judicialmente en la causa “Martín”.

Dos años después se sancionó la Ley 5728 (2016), que divide la concesión del servicio en sólo 5 zonas, por 10 años,pero extendió las arterias vehiculares del estacionamiento medido a la mayoría de las comunas. Esta norma también fue impugnada judicialmente, en la causa “Desplats”.

Por último, la Ley 6036 (2018) intentó subsanar las objeciones judiciales de su predecesora. Si bien se mantuvo la concesión por 10 años del servicio a licitar, se estableció que el uso de las playas de acarreo no podrá exceder los 5 años, sin posibilidades de prórroga.

“El trasfondo de todo lo anterior radica en que las concesiones de las dos prestadoras actuales (que vienen realizando el acarreo desde los ’90) del servicio de estacionamiento medido se encuentran hartamente vencidas”, expresa el proyecto.

Una vez que el Gobierno porteño adjudicó por contratación directa la colocación de los parquímetros y máquinas etiquetadoras comenzó, mediante el Decreto 474/2017, la Licitación Pública Nacional. Sin embargo, según los legisladores, la licitación se encuentra plagada de irregularidades

“La primera apertura de sobres fue prorrogada 4 veces . De las empresas que ofertaron, dos fueron las que ya vienen prestando el servicio, y de las tres restantes, una no pasó la etapa de evaluación de antecedentes. Sumado a ello, si bien la fecha de segunda apertura de sobres estaba pactada para el 7 de diciembre de 2018, nunca más hubo noticias del expediente en curso, demostrando la direccionalidad y falta de transparencia en la licitación”, denuncian.

Por otro lado, la ley 5728 estableció, en su cláusula transitoria segunda, que en un plazo máximo de 18 meses contados a partir de la promulgación de la ley, el Poder Ejecutivo adjudicaría la Licitación, pero vencido dicho plazo, la Ciudad debería proceder a brindar el servicio público por sí. 

Si bien, la norma 6036 agregó una modificación a la cláusula por la que prorroga seis meses desde su vencimiento, el plazo establecido terminó en julio de 2019.

“Por tanto, desde enero de 2020, la facultad de concesionar el servicio por parte del GCBA se encuentra vencida, y, en consecuencia, el Poder Ejecutivo está obligado por ley a brindar el servicio por sí mismo. Caso contrario, las tareas realizadas por las empresas prestatarias del servicio podrían ser tachadas de nulidad por los usuarios afectados”, concluye el documento.

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