La convocatoria será mañana desde el mediodía en la puerta de la Legislatura (Perú 160). Dentro, los diputados se dispondrán a aprobar las nuevas leyes que regularán la construcción.

Vecinos organizados en diversas agrupaciones y asambleas de las 15 comunas pedirán a los legisladores que rechacen las normaspropuestas por el Poder Ejecutivo porque entienden que los ciudadanos no participaron en su elaboración.

“Estos códigos lejos de servir al bien común están diseñados como instrumentos para los negocios del blanqueo, la timba financiera y la fuga de capitales dolarizados”, expresaron en un comunicado al que accedió AVISPADOS.

La nota tiene 8 puntos que repasan los que, a su entender, son las razones para rechazar los nuevos Códigos Urbanístico y de Edificación que desde el año pasado quiere implementar la Ciudad.

“Solicitamos que se garantice nuestro derecho constitucional a la Democracia Participativa, a una planificación urbana ciudadana y peticionamos el inicio urgente del proceso de actualización del Plan Urbano Ambiental”, exigieron.

Las 8 razones de los vecinos

En primer lugar, consideran que los proyectos oficialistas “desatienden las necesidades, los derechos y la calidad de vida de la ciudadanía para garantizar los intereses de los desarrolladores y especuladores inmobiliarios”.

Por otro lado, critican el tratamiento parlamentario que se les dio, sin usar mecanismos previstos como las audiencias públicas y las reuniones barriales. Al respecto, mencionan que los encuentros convocados por la Ciudad “tuvieron un mero carácter formal para dar apariencia de participación ciudadana”.

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El tercer punto asegura que los nuevos códigos “facilitarán la destrucción de la ciudad, de sus distintas identidades barriales y de su diversidad cultural”.

Luego, afirman que se profundizará “el colapso actual de los servicios” como agua, cloacas, luz, gas, salud, educación, transporte, un temor que compartió con AVISPADOS el arquitecto y presidente de la plataforma digital Reporte inmobiliario SA José Rozados.

El quinto ítem habla de la destrucción “en forma progresiva y continua el patrimonio histórico-cultural de la Ciudad” al ponerlo al servicio de “la especulación inmobiliaria”.

Más adelante, el comunicado asegura que, de aprobarse estas leyes, se intensificará “la expulsión de los habitantes de recursos bajos y medios” al mismo tiempo que excluye ypone en situación de riesgo a niños, personas mayores y con discapacidad tanto en los espacios privados como públicos”.

Para las casi 100 agrupaciones vecinales, la salida a este presente es iniciar “un nuevo proceso con una evaluación y diagnóstico participativo de lo que ocurrió en la ciudad en las últimas dos décadas y su estado actual”.

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