Un hombre de 84 años era forzado a pedir dinero en la vía pública y despojado de lo recaudado. Tres personas fueron procesadas.
Un jubilado fue liberado del infierno que estaba viviendo en el barrio de Mataderos, donde permaneció cautivo, indocumentado, en condiciones inhumanas y en situación de explotación y vulnerabilidad durante meses. Según la investigación, que dejó como saldo tres detenidos, lo obligaban a mendigar y le robaban la jubilación.
Todo comenzó con una llamada anónima a la línea 145 de la Coordinación Nacional de Rescate. A partir de ese aviso, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) hizo la denuncia de un posible caso de reducción a la servidumbre. La pesquisa quedó delegada en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo del fiscal Eduardo Taiano.
Las averiguaciones permitieron conocer que la víctima vivía en una casa sobre la calle Tapalqué, propiedad de uno de los implicados, de 64 años, quien convivía con su pareja (39) y un inquilino (65). Los tres son acusados de haberse aprovechado de su vulnerabilidad por la edad, su salud y su precariedad económica.
“Cacho”, como era conocido el jubilado, era llevado todos los días a la esquina de Murguiondo y Tapalqué para pedir dinero a los peatones durante horas, mientras era controlado por dos de los sospechosos. Al regresar, le quitaban todo lo recaudado. Esta situación se repetía tanto por la mañana como por la tarde.
La causa señaló que el damnificado habría permanecido en estado de sometimiento al menos desde el 17 de marzo de 2026, según el procesamiento citado por el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Con esos elementos, el juez federal Julián Ercolini ordenó un allanamiento el 18 de mayo. Dentro de uno de los cuartos, la víctima fue hallada “en condiciones deplorables de habitabilidad, rodeado de residuos, excremento y orina”, según la reconstrucción del MPF, y además uno de los imputados tenía en su poder el DNI y la tarjeta de débito del hombre.
Aunque el afectado manifestó estar en buenas condiciones y recibir un trato adecuado, la instrucción judicial analizó estas declaraciones en función de su entorno crítico: su avanzada edad, problemas de salud, indigencia económica y aislamiento social. Asimismo, se consideró la carencia de vínculos familiares y el vínculo de subordinación diaria que mantenía con los investigados.
El juez afirmó que “la ausencia de una percepción subjetiva de sometimiento por parte de la víctima no descarta la existencia objetiva de una dinámica de explotación, dependencia o aprovechamiento”.
Con el conjunto de pruebas, concluyó que se trataba de “una persona adulta mayor, vulnerable, alojada en condiciones inhumanas, que salía sistemáticamente a pedir dinero en la vía pública y cuyo producido era luego entregado o retirado por terceros”.
Sumó a eso que el hombre de 84 años no sabía cuánto cobraba de jubilación ni qué descuentos le hacían, lo que definió como “un indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”.
En ese marco, se procesó a los responsables por trata de personas agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad de la víctima, con prisión preventiva.
También se ordenó un embargo de $20 millones sobre cada acusado y del inmueble, para asegurar su protección habitacional, de acuerdo con la resolución del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12. Para el juez, existía además un riesgo concreto de que, en libertad, los imputados pudieran influir o amedrentar al hombre.
“No es una mera situación de pobreza compartida ni un vínculo desordenado de convivencia, sino un esquema de aprovechamiento sobre una persona mayor, vulnerable y dependiente”, expresó la resolución.