Incluye el endurecimiento de penas por manejar alcoholizado y vender productos en el espacio público, además de sumar faltas y agravar la reincidencia.
El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional. La iniciativa endurece las multas hasta los $58 millones por venta ilegal y $7 millones por alcoholemia, castiga con arresto a trapitos reincidentes y suma sanciones por acoso callejero, estafas digitales y “elementos destinados a provocar disturbios”, entre otros.
La modificación incorpora figuras inéditas al Código. Entre ellas se destacan el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención fraudulenta de credenciales digitales (claves o tokens), la organización de venta informal masiva y la comercialización de datos personales.
También se tipifican como nuevas contravenciones la portación de inhibidores de señales, la manipulación de sistemas de cobro de transporte, la financiación de agrupaciones contraventoras y la falsificación de credenciales para hacerse pasar por agentes de la autoridad.
En cuanto a la vía pública, quienes porten o distribuyan elementos para provocar disturbios enfrentarán multas de hasta $9.384.640 o 45 días de arresto, además del decomiso del material. Por su parte, entorpecer el sistema de videovigilancia costará hasta $4.692.320 o 30 días de cárcel, con la obligación extra de reparar el dispositivo dañado.
En el plano procesal, el texto suprime la condena en suspenso y elimina la “probation” (suspensión del proceso a prueba) como salida alternativa. El plazo general de prescripción de las causas se mantiene en dos años.
El esquema se vuelve más estricto para los reincidentes. A partir de ahora, se considerará en esta categoría a todo aquel que tenga el hábito de cometer faltas en el espacio público, independientemente de si se trata de la misma infracción o no. Para llevar el control, se creará un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público.
Quienes figuren en este registro perderán el beneficio del arresto domiciliario, salvo excepciones fundamentadas. Además, las penas aumentarán de forma escalonada: un 50% extra en la primera reincidencia, un 66,6% en la segunda y el doble (100%) en la tercera.
Para los “trapitos” que extorsionen a conductores, el arresto subirá a 90 días en caso de reincidir.
Finalmente, el proyecto adapta la normativa local a la Ley Nacional de Justicia Penal Juvenil, fijando la imputabilidad contravencional a partir de los 14 años.
Sin embargo, los adolescentes de hasta 17 años tendrán un régimen diferenciado orientado a la educación. No podrán ser detenidos, contarán con defensa especializada obligatoria y mantendrán el acceso a la “probation”.
Las sanciones en estos casos incluirán amonestaciones en audiencia, asistencia a programas educativos, seguimiento interdisciplinario y tareas de utilidad pública adecuadas a su edad, garantizando que no se afecte su escolaridad ni su jornada laboral.