Luego de un refuerzo en los controles. ya se clausuraron más de 100 cuevas en distintos puntos de la Ciudad, entre ellos el barrio de la Comuna 9.
Hace poco más de 15 días el jefe de Gobierno de la Ciudad decretó la intensificación de la fiscalización de los negocios de compraventa y reparación de celulares. Y hasta esta semana ya cerraron 112 comercios.
Liniers -especialmente en el límite oeste- está incluído entre las zonas consideradas críticas, junto a Retiro-Microcentro, Balvanera-Once y Chacarita-Villa Crespo.
La medida apunta a terminar con el tráfico de móviles robados que vuelven al mercado como si fueran legales. En los operativos también fueron detenidas cinco personas y se secuestraron equipos, repuestos y herramientas de servicio técnico.
Con la resolución, además del aumento de las medidas de control, el primer mandatario porteño declaró la emergencia transitoria de la actividad, se creó un registro de las actividades de reparación y venta de dispositivos usados y se suspendieron las habilitaciones en las áreas donde se concentra el rubro.
Uno de ellos es Once, donde se hicieron los primeros operativos con inspectores de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y la Policía de la Ciudad En solo uno de los establecimientos se secuestraron 22 celulares, 79 módulos y herramientas de soldadura.
Los aparatos recuperados (iPhone, Motorola y Samsung, entre otros) tenían denuncias vigentes por robo ante el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) o los comerciantes no pudieron demostrar cómo los habían obtenido.
“El que compra un teléfono robado para desarmarlo y venderlo por partes no es un comerciante, es un delincuente que forma parte de una red mafiosa. Declaramos la emergencia para caerles con todo el peso de la ley. Trabajen como gente de bien y dejen de vender celulares robados. Se terminó el vale todo en esta Ciudad”, sostuvo Jorge Macri.
En esa línea, desde el GCBA aseguran que el despliegue de estos procedimientos es un paso más para garantizar el cumplimiento de la ley y llevar más seguridad y tranquilidad a los porteños.
“Las medidas que implementó el Gobierno porteño desde diciembre de 2023 permitieron bajar los delitos a mínimos históricos, tanto en robos como en homicidios”, afirman.
Y lo comparan con otras medidas que vienen ejecutando, como los desalojos y recuperación de propiedades usurpadas, la fiscalización para evitar las construcciones ilegales en barrios y en villas, como La 31 y La Carbonilla, y los despliegues policiales para “blindar” los límites de la Ciudad y “evitar que los delincuentes entren o se escapen a la provincia de Buenos Aires”.
Te puede interesar: Megaoperativos en barrios populares: hubo detenidos en Cildañez