La audiencia pública por la suba de los parquímetros ya tiene fecha

Será el 20 de marzo, según lo estableció el Decreto 96/2020.

La fecha original para la realización de la audiencia pública sobre la suba de tarifas del estacionamiento medido en la Ciudad de $15 a $25, era el pasado viernes 7 de febrero, pero fue suspendida como consecuencia del fallo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario, a cargo del Dr Andrés Gallardo, que hizo lugar a un pedido de las legisladoras del Frente de Izquierda, Miryam Bregman y Alejandrina Barry. La nueva fecha dispuesta por la Ciudad es el 20 del próximo mes a las 12, en el Espacio Cultural Julián Centeya (San Juan 3255, San Cristóbal, Comuna 3).

La resolución judicial del Juez Gallardo que suspendió la última audiencia señalaba que había “errores esenciales” en la convocatoria, que afectaban “insanablemente su validez, dado que quienes, como las actoras, quisieron ejercer su derecho constitucional y legal de tomar vista de las actuaciones, se vieron imposibilitados de hacerlo como consecuencia de la deficiente convocatoria”.

Cualquier persona física o jurídica con domicilio en la Ciudad puede asistir al encuentro, mientras que previamente se haya inscripto en el registro habilitado para dicha audiencia.

La inscripción de participantes comenzó el 20 de este mes y finalizará el 16 de marzo. Los interesados podrán registrarse en la Subsecretaría de Gestión Comunal, ubicada en Holmberg 2548 (Sede Comunal 12), de lunes a viernes de 11 a 16, o a través de Internet en la dirección de correo electrónico audienciaspublicas@buenosaires.gob.ar.

La organización de la asamblea estará a cargo de la  Subsecretaría de Gestión Comunal de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal, dependiente de la Jefatura de

Gabinete de Ministros; y contará con la asistencia de funcionarios de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas, para aportar la información técnica que fuere requerida.

La Audiencia Pública en caso de modificación de la tarifa es obligatoria según el artículo 13 de la ley 210. Además, la resolución 96/2020 agrega que es labor del Gobierno porteño que “todos los actos de la Administración sean el resultado de tramitaciones en las cuales

se garantice la transparencia de los procedimientos administrativos” y que “la garantía de oír al administrado, en la medida que pueda verse afectado en sus derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo, al cual adhiere la Ciudad”.

Pero, mientras que desde el GCBA expresan que el procedimiento de consulta de la audiencia ayuda a la búsqueda de transparencia y amplitud de participación y debate; agrupaciones de vecinos denuncian que la expansión del sistema de estacionamiento medido y la suba de tarifas fueron medidas tomadas de forma inconsulta.

Desde la agrupación Movimiento Comunero y Protagonismo Ciudadano plantean que la iniciativa debería de haber pasado por las Juntas Comunales, ya que ellas tienen competencia sobre el espacio público (las calles) dentro de su jurisdicción.

También reclaman que en lugar de funcionar para ordenar el tránsito, como argumentan desde la Ciudad, el estacionamiento medido es un negocio. Desde la agrupación explican que el acarreo saldría $3 mil de costo por la grúa, y que si un vehículo es remolcado y está más de dos horas en la playa, se debe pagar una estadía de $540.

Según le afirmó Carlos Caserta, integrante del movimiento, a Abran Paso, tanto las explanadas de aparcamiento como los empleados de tránsito que allí trabajen son cedidos por el Gobierno porteño, a título gratuito.

“La empresa es hace muy poca inversión porque hasta diciembre del año pasado pagaron $55 mil de canon. En enero te subió la tarifa de acarreo $1800 a $3000, lo quesignifica que si ellos remolcan aproximadamente 400 vehículos diarios, eso da una suma de $1.200.000 diarios. Si lo multiplicamos por 30 días estamos hablando de $36 millones. La verdad que es un negocio fabuloso para los empresarios que no tienen ningún riesgo pero que se llevan una fortuna, y que nosotros le financiamos la tierra y los empleados”, manifestó Caserta.

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