Por Fernando Vilardo, legislador porteño por Autodeterminación y Libertad.

Poder viajar en transporte público es un derecho tan básico y elemental que cualquier discusión debe quedar subordinada a esta premisa fundamental: toda persona debe tener asegurado el derecho a poder trasladarse sin ningún tipo de límites ni obstáculos, por ejemplo el económico. Cualquier discusión debe partir de esta necesidad y sobre todo este derecho.

El tarifazo en el subte, al igual que en los servicios públicos, es un problema dramático para millones de familias que además vienen padeciendo el ajuste que está llevando adelante el Gobierno nacional. Justamente en momentos en los que el salario cada vez alcanza para comprar menos y llegar a fin de mes es toda una proeza para las familias trabajadoras, Larreta y Roggio (Metrovías) impulsan un aumento brutal de $4,50 a 7,50.

Como no podía ser de otra manera, los tarifazos en distintas áreas generaron bronca, la bronca se canalizó en el cacerolazo del 14 de julio, y el cacerolazo impulsó a la Justicia porteña a congelar momentáneamente el tarifazo en el subte. Nuevos “cacerolazos” y “ruidazos” serán fundamentales para que esa suspensión no sea momentánea.

Sabemos perfectamente que el objetivo que tiene el aumento de la tarifa en el subte no es que viajemos mejor. Desde que el Gobierno de la Ciudad se hizo cargo del subte la tarifa aumentó más del 300 % (de $ 1,10 en 2012 a la actual $ 4,50). Para quienes viajamos en subte en forma cotidiana sufrimos viajar tan mal como antes. Aunque la excusa sea “mejorar el servicio”, es evidente que la principal intención que existe detrás de este aumento es complacer la sed de ganancias de una empresa (Metrovías) que lucra con el servicio público.

¿Por qué, siendo tan vital como lo es el transporte público, no podemos conocer cuáles han sido las ganancias que ha tenido la empresa durante todos estos años que cobró, y sigue cobrando, enormes subsidios? ¿Cuál es el costo real del servicio? Sabemos que lo que se denomina “tarifa técnica” ha sido inflada por una empresa que sólo le interesa  acrecentar sus ganancias, por ejemplo, incorporando el costo del gasto del material rodante cuyos coches han sido comprados por el Gobierno de la Ciudad con la plata del pueblo, entre otras estafas. El Gobierno de la Ciudad quiere justificarse diciendo que hizo una audiencia pública, que sin embargo no sirvió para otra cosa más que para informar estas estafas. ¿Por qué no se le informa a la población sobre las ganancias y subsidios que obtuvieron abriendo los libros contables de las empresas para que sea luego el pueblo el que decida a través de una consulta popular?

Por todo esto es que presentamos un proyecto que apunta a que el Subte sea una empresa de propiedad pública, con la dirección en manos de sus trabajadores y trabajadoras, y con participación de sus usuarios, orientada a garantizar que el transporte urbano de pasajeros sea un verdadero servicio público que no tenga como objetivo el lucro empresario sino mejorar la forma en la que millones de personas viajan todos los días. Pero sabemos que para lograr eso será fundamental que haya cada vez más movilizaciones, más ruidazos, más cacerolazos, en fin, que nos autoconvoquemos para pelear por ello.

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