El Gobierno porteño se comprometió ayer a urbanizar e integrar a la Ciudad a la villa Rodrigo Bueno, ubicada en Puerto Madero. Es el tercer anuncio de este tipo en casi 20 días.

Funcionarios del Poder Ejecutivo firmaron un acta a instancias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local en la que prometieron presentar en 60 días hábiles un proyecto de integración consensuado con los vecinos.

La decisión oficial fue recibida con sorpresa en el marco de una audiencia ante el TSJ por una causa que se había iniciado en 2005. En ese momento, los habitantes de la Villa Rodrigo Bueno habían apelado un decreto del Gobierno que ordenaba desalojar el predio de la Comuna 1.

En 2011, la jueza Elena Liberatori había dado la razón a los vecinos, pero la instancia superior a ella había ratificado en 2014 que la Ciudad estaba en lo correcto. Estas idas y vueltas culminaron ayer, cuando el Gobierno retiró su posición adversa y firmó el compromiso para urbanizar el asentamiento.

El acuerdo tendrá su primera parada el 23 de noviembre, cuando funcionarios del Poder Ejecutivo deberán mostrarle a los cinco jueces integrantes del TSJ el plan de trabajo para cumplir con lo convenido. La propuesta surgirá de las diversas reuniones mantenidas entre vecinos y con el Gobierno.

La Ciudad estima que en el predio lindero entre Puerto Madero y La Boca viven unas 3 mil personas. Al igual que en las urbanizaciones anunciadas para las villas 31, 31 bis y Barrio 20, en la Rodrigo Bueno se edificarán casas para reemplazar a las que están inhabitables y se refaccionarán las que están mejor.

Terminado este proceso (que llevaría unos tres años), el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) estaría en condiciones de brindar créditos blandos para que los vecinos obtengan las escrituras que los harán dueños de las parcelas.

Ver: La muerte de un niño reavivó el debate sobre la urbanización de villas

Uno de los aspectos más difíciles de la urbanización de este asentamiento es el grado de contaminación del arroyo que surca el predio, conocido como “La Venecia”. El titular del IVC Juan Ignacio Maquieyra aseguró esta mañana que la Agencia de Protección Ambiental (APRA) estaba “trabajando el tema medioambiental”.

“Estamos haciendo estudios de agua y suelos y en base a eso vanos a ver qué parte hay que sanear y sobre cuál se va a poder construir”, aseguró Maquieyra en diálogo con radio Continental.

Además de él, quienes también firmaron ayer el acta de compromiso fueron el procurador General, Gabriel Astarloa, el defensor General de la Ciudad, Horacio Corti, la asesora General Tutelar, Magdalena Giavarino, los delegados vecinales Martino Sosa Sullca, Luis Espinoza Silva, Ricardo Melgarejo Pozo y Diego González, y Juan Zárate Villalba, autor del reclamo inicial.

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