Por María José Lubertino, ex legisladora porteña.

Desde que se elaboró el primer reglamento interno de la Legislatura, la ciudadanía cuenta con un mecanismo de participación directa denominado Tribuna popular que funciona en muchas partes del mundo.

Se trata de un instituto que permite a los vecinos efectuar planteos en las sesiones legislativas sobre temas de especial interés para la Ciudad o proyectos presentados con estado parlamentario, tengan o no despacho de comisión o figuren o no en el orden del día.

Sin embargo, su implementación nunca fue normalizada. Cuando en 1996 fui candidata a Constituyente, hicimos una gran reunión en la Reserva Ecológica en la que muchas entidades especialmente ambientalistas propiciaron esta institución. Nosotros intentamos que en la Convención Constituyente se incorporara, pero no pasó.

No obstante, al comenzar el trabajo de la Legislatura se incluyó la figura de la Tribuna popular en el reglamento interno.

Desde el nacimiento del Parlamento porteño, en 1998, hasta 2015 se presentaron 48 proyectos de resolución para implementarla, pero nunca llegaron a debatirse en el recinto.

En 2011, siendo diputada, conseguimos unificar y encontrar puntos de consenso entre varias de las iniciativas y en mayo se entregó una nueva a la Junta de Interpretación y Reglamento. Ese texto fue vuelto a presentar año a año hasta 2015 y nunca fue tratado.

En octubre del año pasado se logró un fallo judicial al respecto a partir de un amparo iniciado por un vecino integrante de la Red Interparques y Plazas. La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso, Administrativo y Tributario dictó sentencia y ordenó a la Legislatura que adopte las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de la Tribuna popular.

La omisión de reglamentarlo durante tantos años bloquea la participación ciudadana. Porque este mecanismo puede ser usado por personas físicas, entidades de bien público, organizaciones sociales o entidades que propicien la defensa de los derechos de intereses colectivos y que desarrollen actividades en la Ciudad. En todos los casos se inscribirían con su nombre y documento y especificarían el tema o el proyecto sobre el cual van a hacer una manifestación.

Es llamativo que, si la Constitución porteña pide democracia participativa y el reglamento de la Legislatura incorporó la Tribuna Popular, no se haya puesto en vigencia. De hecho, la Carta Magna de la Ciudad dice que todos los derechos son directamente operativos, por lo que aunque no se hubiera reglamentado, si el ciudadano se presenta y lo peticiona deberían concederle la palabra.

Tenemos temor de que quieran derogar el artículo existiendo una movilización ciudadana para pedir que se haga efectivo. Sobre todo en un momento en que nos enteramos que en diciembre del año pasado se sancionaron un montón de leyes a espaldas de la población sin debate en comisión e información pública disponible, como el vinculado a la Agencia de Bienes.

El último proyecto presentado al respecto de la Tribuna popular, es el número 49. Queremos que se trate y se reglamente ya.

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