Integrantes de agrupaciones vecinales defensoras del patrimonio realizarán mañana un cacerolazo contra el proyecto de ley que habilita al Ejecutivo a vender tierras sin pasar por la Legislatura.

El conglomerado de vecinos denominado “Buenos Aires no se vende” promueve el encuentro a dos semanas de la audiencia pública en la que unos 200 vecinos dejaron en claro a los legisladores presentes estar en contra del proyecto.

La concentración y el cacerolazo se realizarán mañana desde las 18.30 en el cruce de Avenida Libertador y Udaondo por una “Ciudad para sus habitantes y no para los negocios inmobiliarios”.

La iniciativa que se rechaza, de autoría del Poder Ejecutivo, crea la Agencia de Bienes Sociedad del Estado, que administraría de manera autónoma los inmuebles pertenecientes al norte de la avenida San Juan, y funcionaría a la par de la ya existente Corporación Buenos Aires Sur.

En particular, el proyecto se refiere a dos terrenos pertenecientes al Estado porteño: el de Tiro Federal en la Comuna 13 y el conocido como El Dorrego, en la Comuna 14. Allí se construirían el Parque de Innovación y el Centro Metropolitano Audiovisual respectivamente.

Sin embargo, consultado por AVISPADOS, el integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad Jonatan Baldiviezo había subrayado: “La Agencia de Bienes es un instrumento legal que el macrismo quiere utilizar para transformarlo en una inmobiliaria de tierras públicas para destinar estos predios a negocios sin necesitar la autorización de la Legislatura para cada venta concreta”.

La norma en cuestión había sido aprobada en primera lectura el 3 diciembre del año pasado y, tras la celebración de la audiencia pública del martes 31 de marzo, quedó lista para ser tratada por segunda vez, como requiere el reglamento para este tipo de leyes.

A pesar de haber aceptado modificaciones del Frente para la Victoria, el oficialismo no pudo conseguir los 40 votos necesarios para sancionar la norma el jueves último. De hecho, hubo fuertes críticas de bloques opositores que cuestionan su constitucionalidad, por lo que seguirán negociando para tratarla en 15 días.

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