Por Maximiliano Ferraro, legislador porteño de la Coalición Cívica ARI.

Venimos de 12 años de kirchnerismo  donde muchos funcionarios y políticos  creían que el Estado eran ellos mismos, lo cual generó una situación de ir contra  la calidad institucional y los principios republicanos. Valores que parecen ser abstractos pero tienen clara relación con cuestiones importantes como la transparencia y el manejo de los recursos públicos.

Tomando en cuenta estas cuestiones esenciales para la vida democrática es que presentamos el proyecto de ley (2630 -2015) para  regular el proceso de transición republicana, es decir, una serie de medidas que reglen la  transferencia de la administración entre el gobierno en funciones y el gobierno electo en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Hoy que no es tiempo viciado por componendas y debates electorales es el momento ideal para discutir en la Legislatura un proyecto como este que garantiza la transición ordenada entre gobiernos –saliente y electo- en la ciudad.

Nuestro proyecto fortalecería  el sistema de gobierno, específicamente la temporalidad del ejercicio del poder y la consecuente necesidad de una transición ordenada y dinámica. No sólo apunta a ser eficaces sino también a proteger las instituciones, el proceso democrático y republicano. Con este proyecto pretendemos que la seguridad jurídica no quede a merced de cambios de gobierno.

En los fundamentos del proyecto de ley se considera a la  transición gubernamental o período de interregno como un evento político y comunicativo que consiste en el traspaso de mandato que se fundamenta en la necesidad de dar la posibilidad al nuevo gobernante electo de conocer, avalar y recibir del gobernante saliente todos los datos e informaciones necesarias para la elaboración e implementación del nuevo programa de gestión.

En nuestro país, provincias como Mendoza, Neuquén, Corrientes y Córdoba cuentan con instrumentos legales para afrontar esta situación típica de un gobierno republicano. A nivel internacional encontramos el caso de la Comunidad Autónoma de Extremadura y regulaciones nacionales como en el caso de Estados Unidos, España, Canadá, Brasil y Puerto Rico.

El proyecto de ley propone la creación de un organismo neutral llamado Oficina administrativa de transición republicana en el ámbito de CABA, para que, siguiendo los mismos postulados de la legislación comparada, se facilite la organización de equipos que trabajen coordinadamente y de manera planificada -con tiempo previo- para hacer posible un traspaso correcto.

Dicha oficina deberá actuar como facilitador entre los grupos de representantes del gobierno saliente y el entrante para continuar las tareas estatales de la manera menos traumática. La oficina tiene como principales funciones: exigir a los grupos de representantes del gobierno saliente y electo a realizar las reuniones que crea necesarias para alcanzar una transición ordenada y cooperativa entre las parte, actuar como facilitadora de dichos encuentros y contactar a los responsables técnicos adecuados para la cooperación necesaria; recabar los informes de gestión, solicitar, de oficio o a pedido del grupo de representantes del gobierno entrante, informes complementarios al resto de las dependencias del Ejecutivo de la Ciudad sobre cualquier tema de interés; entregar los informes, al Grupo de representantes del gobierno entrante, con una antelación no menor 30 días de la finalización del mandato, y articular todo tipo de reuniones y acciones con el Grupo de representantes del gobierno entrante a fin de brindar toda la información necesaria a efectos de la elaboración del informe final de transición.

Estoy convencido que es conveniente plasmar en leyes las normativas sustanciales para que en el futuro, ninguna contingencia o arbitrariedad pueda violar los buenos usos y costumbres que se vienen dando en nuestro sistema institucional. Con ese mismo criterio también he presentado el año pasado un  proyecto de Debate Público Obligatorio.

Como legislador creo fundamental presentar  proyectos tendientes a fortalecer las instituciones, garantizar la autonomía de la ciudad y cumplir con los mandatos de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires en cuestiones relativas a la transparencia pública y principios republicanos de gobierno.

Leave a Reply

Your email address will not be published.