Por Facundo Di Filippo, ex legislador porteño. 

La Ley de Talles se aprobó por unanimidad en diciembre de 2009, con el acompañamiento del PRO. Su objetivo es obligar a las marcas de producción industrial que operan en la Ciudad (importadores, confeccionistas, fabricantes de prendas o vendedores) a realizar un mínimo de ocho talles y tenerlos disponibles para su comercialización.

Además, le da a las medidas una terminología definida por los cuerpos que habitan nuestro país y unifica en las normas IRAM los centímetros que debe tener cada talle, para que no pase que en una casa el S tiene un tamaño y en otra uno distinto.

El Gobierno nunca quiso hacer cumplir la ley. De hecho, no fue reglamentada durante casi 2 años y cuando lo hicieron, modificaron algunos artículos violando el espíritu de la normativa.

Por ese motivo, el año pasado se generó un pedido de informes al que la Agencia Gubernamental de Control (AGC), encargada de hacer las inspecciones respecto al tema, respondió que no había hecho ni una sola.

Esta semana, la jueza Andrea Danas confirmó que hay un amparo colectivo respecto a la ley de Talles y convocó por un período de diez días para que terceros (asociaciones o particulares que se hayan sentido damnificados), si lo desean, se presenten en la causa. Por otro lado, y esto también es importante, le informó al Gobierno de la Ciudad que ahora va a tener que difundir la cuestión vinculada al amparo y a la norma que se ocultó durante mucho tiempo.

He tenido reuniones con funcionarios donde se ha reconocido la preocupación del sector textil. Y ese lobby ha llevado a desvirtuar alguno de los articulados de la ley, retrasar su implementación y anular su aplicación. En otras palabras, ningún integrante del PRO se animaría a ir contra los intereses de la primera dama Juliana Awada.

Lo que pedimos en el amparo es la aplicación de la norma y la inconstitucionalidad de varios artículos. Pero a su vez, presentamos una cautelar para que el Gobierno vaya a inspeccionar principalmente los centros comerciales y eso todavía no ha sido resuelto por parte de la jueza.

Obviamente, también es una responsabilidad del Estado que no se produzca más la confección de prendas de manera clandestina o en talleres ilegales y que se mejore el pago a los trabajadores. Es hora de empezar a rediscutir un poco esa cadena de producción.

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