El mismo día en que la Legislatura avalaba el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad, familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones sociales se manifestaron en contra.

Remeras con caras sonrientes, carteles y algunas pancartas que recubren las paredes exteriores del Parlamento porteño son parte de la postal que completa este lunes 18 de enero la crónica por el traspaso de la Policía Federal.

Mientras que los funcionarios argumentan que es necesario un solo mando para ordenar a los efectivos que cumplen funciones en el distrito y un sector de la sociedad pide soluciones contra la inseguridad, familiares de víctimas de la violencia institucional hacen oír sus voces para quienes los quieran escuchar.

La mayoría vienen por invitación de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) que los ha acompañado en sus causas brindando sostén jurídico y emocional.

Así, aparecen los padres y primas de Nehuén Rodríguez, las madres de Carlos Almirón y Julio Matías Bárzola, la hija de Horacio Fabián Barrientos. Están también, cámara en mano, periodistas de la Red Nacional de Medios Alternativos baleados en el desalojo de la Sala Alberdi, en 2013.

AVISPADOS les pide unos minutos de charla y todos acceden con franca predisposición. Están acostumbrados a lo contrario, a que nadie los quiera escuchar.

 

 

Las viejas costumbres

“Nos mataron a nuestro hijo el 15 de diciembre de 2014, la Policía Metropolitana”, comienza Roxana Cainzos, madre de Nehuén. Ese día, el chico de 18 años manejaba su moto por La Boca, el barrio en que vivía, cuando una camioneta de la fuerza de seguridad porteña lo atropelló.

“La 4×4 iba sin sirena y sin baliza, a 100 kilómetros por hora”, recuerda Ariel, papá del adolescente que murió tras el impacto. “Tenemos 5 testigos”, agrega su esposa.

Iniciado el camino judicial, la familia de Nehuén se dio cuenta de que no iba a ser nada sencillo. “Cambiaron la escena y era muy claro que varias pericias ocultaban la verdad”, aporta Roxana.

Ahora, las averiguaciones quedaron en manos de otra fuerza, la Gendarmería. “Ellos están cruzados de brazos porque es obvio, hasta que el nuevo Presidente no les diga qué hacer no hacen nada”, se lamenta la mujer.

A la espera de la fecha del juicio, se nota que Ariel y Roxana están desgastados. Porque la lucha es entre ellos, los davides, y los otros, los Goliats. Pero están de pie frente a la Legislatura en este lunes de intenso calor.

Hablan sobre lo que se va a votar en unas horas. No están de acuerdo. “Estamos en contra de esta Policía que se maneja con total impunidad, en nuestro caso hasta el momento es así. Vienen de fuerzas como la Bonaerense, la Federal, todos con viejas costumbres”, opina Roxana, con conocimiento de causa.

Se pregunta qué tipo de análisis psicológicos les hacen a los futuros policías. Piensa que lo mejor hubiera sido hacer el traspaso con consenso de los vecinos. “Sea verde o azul, el uniforme es uniforme igual”, cierra Ariel.

 

Palo a palo

Para algunos, la represión policial de la Plaza de Mayo en diciembre de 2001 es sólo una foto. O varias. O las imágenes de la televisión. Probablemente Marta Almirón querría estar en ese “algunos”, pero el asesinato en esa jornada de su hijo Carlos, la colocó en otro lado.

Después de “14 años de sufrimiento y lucha”, como le resume a AVISPADOS, Marta confiesa que no está muy al tanto de lo que va a pasar horas más tarde en el recinto. Pero su instinto responde: “Esto no me da muy buen aspecto”.

“Los policías son seres humanos. Se sacan el uniforme y son una persona como cualquier otra. Sin embargo, con el uniforme se transforman”, analiza Marta. Para ella, “la droga y la corrupción están de por medio”.

“Hasta no ver la unificación, uno no sabe cuál va a ser el resultado. Si mata uno u otro, van a seguir matando igual”, reflexiona.

 

La historia de nunca acabar

El hijo de María Estela Vázquez fue asesinado en 2003 de un tiro en la cabeza por un ex policía en Villa Fiorito. “Yo estoy acá por el gatillo fácil”, le dice a AVISPADOS en la puerta del recinto de sesiones donde los legisladores se alistan para aprobar el traspaso de la Federal a la Ciudad.

El Julio Matías Bárzola de su remera luce 17 años, la edad que tenía cuando apareció el efectivo retirado y le disparó a quemarropa. Hoy, el hombre apodado “Mataguachos” está libre por decisión de la Cámara de Casación que lo sacó de la cárcel a la que lo habían mandado los jueces de primera instancia.

“Ahora van a rever la causa”, cuenta María Estela. “Tenemos la esperanza de volver a detener al policía que mató a Matías”, concluye.

 

A centímetros de morir

Que el accionar de un efectivo policial sea enmarcado en la figura de homicidio en grado de tentativa es, a primera vista, llamativo. A segunda vista, análisis de casos de por medio, la figura legal se torna espeluznante.

En la madrugada del 13 de marzo de 2013, las Policías Metropolitana y Federal avanzaban con el desalojo de la Sala Alberdi del Teatro San Martín. Como los manifestantes se resistían, los efectivos se reagruparon y dieron inicio a la represión.

Germán de los Santos trabajaba en el lugar como periodista registrando los hechos, produciendo la noticia. “Ese día fuimos tres los heridos con balas de plomo casi en zonas vitales, siendo blancos móviles de la Policía Metropolitana”, rememora Germán.

Si bien los autores materiales fueron agentes de esa fuerza, está seguro que fue con “la omisión de la Policía Federal”. “Por unos centímetros podríamos haber muerto”, declara.

Este año los tres baleados van a sentarse frente a los efectivos imputados en el marco del juicio en que desembocó el hecho. De los Santos no tiene muchas esperanzas: “Todo es relativo, no sabemos qué va a suceder ni con los jueces ni con la causa”.

Es víctima del trabajo en conjunto de las Policías que en un rato acabarán fusionadas. No es una idea satisfactoria para él. “De dos cosas malas no puede salir una buena, eso pasa sólo en los cuentos. Ambas han demostrado una suficiente eficacia en perjuicio de todas las luchas y reclamos que se van dando en torno a las problemáticas que sufre la gente”, subraya.

Germán está seguro: “El accionar conjunto va a favorecer al poder de turno y perjudicar a cada persona o grupo que quiera manifestarse”. Y va más allá: “Es una mala idea que una población tenga policía”. ¿Por qué? “Cada hecho de inseguridad pertenece a un crimen organizado que está ordenado por ellos hace años”, explica.

Con la cicatriz a cuestas, el periodista baleado afirma: “Todos vamos a estar bajo la lupa del mismo Gobierno y el palo del mismo agresor”.

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