El juez Darío Reynoso ordenó al gobierno porteño que elabore en un plazo de cinco días un plan específico para la contención y prevención del coronavirus en las zonas vulneradas.
A pedido de diversas organizaciones sociales, ayer el Juzgado de 1ra instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 24 estableció la ampliación de la medida cautelar ya aprobada días atrás. Con este fallo, el Gobierno porteño debe elaborar y aplicar “un Protocolo Específico de Análisis, Acción y Prevención” de coronavirus en las villas, asentamientos y barrios vulnerables de la Ciudad, que no se encuentren incluidos en las comunas 4 y 8, sin excepción.
En esa zona se ubican los barrios populares más numerosos de la Ciudad de Buenos Aires, en donde en las últimas semanas se generó un crecimiento exponencial de casos de coronavirus. Como adelantó AVISPADOS, en Villa Cildañez (Comuna 9) la cantidad de infectados pasó de cuatro a 11 positivos, nueve sospechosos y un alta, en tan solo diez días.
Mientras se elabora el protocolo, el GCBA deberán garantizar el suministro de agua potable, tanto para su consumo como para una efectiva higienización; proveer a sus habitantes los suficientes elementos sanitarios (barbijos y guantes de látex), de higiene y limpieza (lavandina, jabón, alcohol en gel) y elementos de medición de temperatura; e informar y acreditar los “espacios apropiados, oportunos y suficientes” para el aislamiento, tanto en hospitales como centros de aislamiento por Covid-19 para los casos confirmados, sospechosos o por contactos estrechos.
El escrito ordena además que se adopten medidas de comunicación y difusión adecuadas y exclusivas, con el objeto de informar con efectividad a la población sobre las acciones de cuidado y las formas de funcionamiento de los operativos, contemplando las particularidades de cada lugar en específico, lo cual deberá evaluarse en una Mesa de Trabajo creada al efecto.
La Ciudad también deberá higienizar y desinfectar los espacios públicos e informar las alternativas de abordaje de temas de Violencia de Género en el marco de la pandemia: difusión de información y espacios de atención a las víctimas de estos casos.
La cautelar original fue presentada por los presidentes de las juntas comunales Ignacio Álvarez (Comuna 4) y Miguel Eviner (Comuna 8). Luego del rechazo a la apelación del GCBA, el 22 de mayo pasado diversos ciudadanos (en carácter de vecinos y residentes de los asentamientos) en conjunto con La Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad solicitaron ante el juzgado que se extiendan los alcances de la medida.
El Dr. Jonatan Baldiviezo, presidente del Observatorio, y sus representados indicaron que “de acuerdo a un informe epidemiológico, la mayoría de los casos confirmados de COVID-19 en la Ciudad de Buenos Aires, corresponden a los barrios populares”.
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Y agregaron: “Las condiciones de hacinamiento, falta de agua, falta de elementos de higiene y protección personal, la cuestión de los comedores que están cerrando por contagios, la atención sanitaria y la actuación inadecuada en los testeos son transversales a todas las villas. El Protocolo especial a elaborarse debe ser para todos estos barrios y no solamente para los que se encuentren en algunas comunas del sur de la Ciudad. La crisis sanitaria y económica se manifiesta con mayor gravedad en estos barrios que hacen urgente la protección cautelar”.
Otro de los argumentos presentados fue que la iniciativa debe basarse en el derecho a la igualdad y que la problemática del coronavirus debe abordarse integralmente, sin establecer distinciones con relación las zonas.
“La pandemia que atravesamos, requiere que los poderes del estado –siempre dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales– adopten medidas inmediatas para hacer frente a la crisis sanitaria a escala global que dicha pandemia ocasiona, máxime cuando se encuentran en riesgo inminente la satisfacción de los derechos fundamentales de las personas y, en especial, de aquellas en situación de vulnerabilidad por su condición socio económica como es el caso de los barrios populares”, sostiene el documento firmado por Reynoso.
Adhirieron a la extensión de la cautelar el Ministerio Público Tutelar, el Ministerio Público de la Defensa, el Defensor del Pueblo de la Ciudad Alejandro Amor y el Director General de Acceso a la Justicia de la Procuración General de la Nación.