El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta presentó un proyecto de ley que involucra la venta a privados de los terrenos del Mercado de Liniers S.A. Conocé los detalles de la iniciativa.
Por Ximena Gonzalez
El proyecto fue presentado el lunes pasado y plantea que se autorice al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir un convenio de préstamo entre Argentina y la Corporación Andina de Fomento (CAF). Para saldar ese crédito el Estado Nacional le transferiría terrenos a la Ciudad para que ésta los venda en subasta pública.
La CAF es un banco de desarrollo conformado por 19 países y 13 bancos privados de la región que prestará 175 millones de dólares para la ejecución de las obras del “Paseo del Bajo”.
El emprendimiento tiene como principal objetivo resolver la interconexión del tráfico vinculando la Autopista Buenos Aires – La Plata con la Autopista Illia, la Avenida General Paz y la Autopista Panamericana.
Para liquidar la deuda que contraería el Gobierno porteño, el proyecto propone la cesión del dominio por parte del Poder Ejecutivo a la Ciudad de 12 inmuebles para que sean vendidos en subasta pública, entre los que se encuentra las 34 hectáreas del Mercado de Hacienda, tasadas en $995 millones.
“Estos terrenos se encuentran en zonas de desarrollo estratégico para las políticas públicas (…) proyectadas y en plena ejecución en la Ciudad. Cabe resaltar que dicha transferencia resulta de máxima utilidad a fin de la efectiva integración con el resto de la Ciudad y la radicación definitiva en un hábitat adecuado de los habitantes de los Barrios enmarcados en el proceso de reurbanización llevado a cabo por este Gobierno”, sostiene el documento.
Con el dinero que se recaude se crearía el Fondo de Desarrollo (FONDES) cuyo destino será el financiamiento de Programas de infraestructura, salud, educación y vivienda, como así también a la cancelación de amortizaciones de deuda.
Ciudad o Nación: ¿quien responde por el préstamo?
El proyecto de Ley establecerá, de ser aprobado, que el Gobierno de la Ciudad responda como deudor frente al Estado Nacional a la hora de realizar el préstamo, es decir, la administración porteña le pagaría a la Nación la suma que se le pida a la CAF.
Como contraprestación por la suscripción del contrato del préstamo, Rodríguez Larreta solicita que la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) transfiera a favor de la Ciudad Autónoma las edificaciones para que sean vendidas posteriormente.
El Decreto N° 1.382/2012 autoriza a AABE a “disponer, previa autorización pertinente, y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino”.
Dicha transferencia debería materializarse mediante la firma de escritura pública traslativa de dominio ante la Escribanía General de la Nación hasta el 30 de septiembre de 2019.
“En el caso que al 30 de septiembre de 2019 no se hubieran otorgado las escrituras, quedará resuelto el presente convenio, volviendo las cosas a su estado anterior, como si las obligaciones asumidas no hubieran existido. Dicho plazo podrá ser ampliado con el consentimiento escrito de la Jurisdicción”, agrega el proyecto.
Una vez enajenados los inmuebles, la Agencia de Administración de Bienes del Estado deberá aplicar el Mayor Valor obtenido (el importe en dólares resultante de dicha enajenación) que será destinado a financiar la construcción del Paseo del Bajo y al pago por obras de infraestructura ferroviaria, como las de viaductos de las líneas ferroviarias Mitre y San Martín, que se realicen en la Ciudad de Buenos Aires.
Puntos críticos
Las cuestiones que causaron revuelo entre los vecinos fueron, principalmente, la venta de los terrenos del Mercado, ya que en el proyecto anterior –aún en estado parlamentario y con aprobación en primera lectura- establecía que el Estado Nacional sólo iba a vender un 35% de las tierras, dejando el resto en la gestión pública; y que, como garantía del pago de la deuda, se utilizaran recursos provenientes de impuestos a los ciudadanos.
“(Se) Prevé facultar al Poder Ejecutivo local, para negociar, acordar, emitir una o más garantías incondicionales e irrevocables, pudiéndose asimismo afectar los recursos provenientes del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, para el repago de todas las obligaciones que surjan del convenio y los demás documentos relacionados que resulten necesarios en relación al mismo y hasta su cancelación”, manifiesta el proyecto.
Por su parte, el texto recalca: “La celebración de la presente Addenda y el cumplimiento de las obligaciones, así como el ejercicio de los derechos que corresponden a las Partes conforme a la presente no se oponen, Incumplen, ni violan en forma alguna las cláusulas o disposiciones de obligaciones emanadas de leyes, decretos, resoluciones y/o cualquier otro tipo de norma, ni tampoco de instrumentos o dictámenes públicos o privados”.