Así lo informó uno de los integrantes de la Junta Comunal 9, quien sostuvo que implica “quitarle un nuevo derecho a los sectores más vulnerables del barrio”.
El 9 de octubre pasado, el Ministerio de Justicia de la Nación cerró el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del Santuario San Cayetano, ubicado en la calle Cuzco 220, en Liniers. El hecho fue denunciado por el comunero Alberto Espiño de Unión por la Patria en sus redes sociales.
“Con 27 años de trayectoria en el Servicio Social del Santuario, este organismo brindaba asesoramiento legal, mediación de conflictos y apoyo psicosocial, garantizando que toda la comunidad pueda acceder a sus derechos”, manifestó el juntista.
Y agregó: “El Gobierno Nacional nuevamente muestra su faceta más cruel y despiadada, quitándole un nuevo derecho a los sectores más vulnerables del barrio de Liniers y zonas aledañas que no tienen otra manera de acceder a este servicio esencial”.
Los CAJ asisten a quienes enfrentan barreras y/o problemas para el ejercicio de sus derechos, o experimentan conflictos interpersonales y/o legales. Para ello, cada entidad cuenta con un equipo multidisciplinario compuesto por profesionales del derecho, de la psicología, del trabajo social y por personal administrativo capacitado para tales fines.
Acompañan a las personas para que puedan resolver sus conflictos o concretar un proceso determinado, asesoran en las gestiones administrativas o para acceder a prestaciones sociales (AUH, ANSES, reincidencia, etc.), brindan representación legal a través de la Red Federal de Patrocinio Jurídico Gratuito, efectúan mediaciones comunitarias, organizan jornadas y talleres sobre derechos para fortalecer las capacidades de la comunidad en el ejercicio de sus derechos.
Son unos 105 en todo el país y además de recibir consultas en sus oficinas, extienden sus servicios de manera regular en diferentes zonas de su localidad, con el propósito de ampliar la prestación de la atención.
El 10 de junio, el Ministerio de Justicia nacional, bajo la dirección de Mariano Cúneo Libarona, anunció el cierre de 81 centros que “brindaban de manera ineficiente servicios propios del Poder Judicial y otras dependencias”, según aseguraron en un comunicado oficial.
En el escrito explicaron que la decisión se desprende de una auditoría interna que se desarrolla desde el mes de diciembre, que expuso que “acumulaban empleados de distintas gestiones anteriores en dependencias alrededor de todo el país, sin demostrar resultados y duplicando funciones”, y que ésto le costaba al fisco más de 8 mil millones de pesos por año.
“Esto algo que en la nueva etapa que vive nuestro país ya no puede ocurrir más. Este gobierno cuida el dinero de los contribuyentes”, agregaron, a la vez que afirmaron que todos los ciudadanos tienen garantizado el acceso a la justicia a través del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Defensor del Pueblo y/o el Centro de Asistencia a las Víctimas de Delitos.
“Por lo tanto, es injustificable la financiación de más oficinas, más empleados y más recursos dedicados a la misma función”, concluyeron.
Entre enero de 2020 y octubre de 2023, los Centros de Acceso a la Justicia recibieron 623.782 consultas, alcanzando a más de 340 mil personas en todo el país, según datos de la propia cartera.
En ese periodo se identificó un crecimiento del 118% en la cantidad de consultas recepcionadas por los CAJ y los puntos de atención itinerantes. Los principales temas tratados eran el acceso a la documentación personal y certificaciones, planes o programas sociales, conflictos por el incumplimiento de la cuota alimentaria, violencia de género y doméstica, entre otros.