En respuesta a un amparo, se ordenó suspender la vigencia de una ley que autorizó el comercio de terrenos públicos, entre los que se encuentra el espacio mataderense.
El Juzgado de 1ra Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario n°2 ordenó precautelarmente la suspensión de la ley 6179 que permitía la enajenación de 86 hectáreas de tierras públicas.
Se trata de una serie de terrenos y espacios públicos pertenecientes a la Nación que fueron cedidos a la Ciudad, a través de un convenio aprobado por la ley 6131. Entre los predios se encuentran los terrenos ubicados dentro del Polígono del Barrio Carlos Mugica, predios aledaños, el ex Mercado de Hacienda, playones ferroviarios en Villa Crespo y el Triángulo de Salguero, entre otros.
Con respecto al inmueble de la Comuna 9, la norma establecía que el fraccionamiento debía contemplar que el 65% de la superficie permanezca bajo la titularidad pública, con destino a uso y utilidad pública de acuerdo a lo que establezca la Ley de Desarrollo e Integración Urbana del Predio Mercado de Hacienda.
La medida surge en respuesta a un amparo colectivo contra el Gobierno porteño, impulsado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), que tuvo por objetivo declarar la inconstitucionalidad y la nulidad de la ley 6179 y la normativa que se dicte en consecuencia, por “violación del derecho a la participación ciudadana y a ejercer la democracia participativa” (artículos 1, 63, 89 inciso 4° y 90 de la Constitución de la CABA, y a los artículos 22 y 25 de la ley 2930 del Plan Urbano Ambiental).
“La omisión de convocar a las audiencias previstas constituye una violación grave del derecho a la Democracia Participativa y del derecho a participar en las discusiones más importantes a través de la audiencia pública reconocido en los artículos 1 y 11 de la Constitución de la Ciudad, en el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos”, expresaron desde el Observatorio.
También hicieron referencia al “Banco de Tierras e Inmuebles” previsto en el Plan Urbano Ambiental, y a la exigencia de la participación de los habitantes en las discusiones atinentes al Banco, afirmando que “la decisión del uso y disposición de los 867.245 m2 de tierras públicas (86,7 hectáreas), por su envergadura e importancia de dichos predios debió contar, de acuerdo con el PUA, de algún mecanismo de participación que garantice la intervención metódica y ordenada de la mayor cantidad y calidad de actores como organizaciones sociales y comunitarias o la ciudadanía en general”.
Por último, agregaron que de efectivizarse la disposición de los predios individualizados en la ley “se estaría convalidando una normativa inconstitucional, cuyos efectos no podrán luego ser subsanados”.
En este marco, el Tribunal advirtió que la Ley 6179 no fue aprobada por el procedimiento de doble lectura del artículo 90 de la Constitución de CABA ni se convocó a ninguna audiencia pública en el marco de la ley 6 para el tratamiento de su objeto y contenido en forma previa.
Es por esto que además de suspender la venta, el Juez Andrés Gallardo le solicitó al Gobierno porteño que en un plazo de 10 días presente las constancias documentales relativas a los inmuebles cuya venta fue autorizada por la norma y todos los antecedentes relativos a la firma de los convenios con el Estado Nacional, a la vez que le requirió a la Legislatura que remita la copia certificada del expediente y los antecedentes relacionados al trámite de aprobación de la ley nº 6179.
“La sanción de la ley podría colisionar con la guía de conducta participativa que imprime la normativa local, en tanto ha privado a habitantes, legisladores y organizaciones especializadas, de intervenir conforme lo ordena la Carta Magna y colaborar en la mejor decisión a adoptar respecto al organismo que debe encargarse de velar por derechos fundamentales de todos los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, manifestó Gallardo en el escrito.