Sumado a las protestas vecinales, diputados de la Ciudad elevaron iniciativas para conocer más sobre el proceso que llevó a tomar la decisión y para mostrar su preocupación al respecto.
Mientras continúa el reclamo de la comunidad de Parque Avellaneda por la modificación del ramal A de la línea 7, el bloque Fuerza Buenos Aires presentó en la Legislatura porteña dos proyectos: uno para requerir informes al Poder Ejecutivo sobre los fundamentos técnicos y administrativos de la medida y otro para manifestar la inquietud por las consecuencias podría tener para los usuarios del servicio.
La propuesta de declaración fue presentada por Delfina Velazquez, Matías Barroetaveña, María Bielli, Victoria Freire, Andrés La Blunda y Juan Pablo Modarelli; y el pedido de informes por Matías Barroetaveña, Claudio Ferreño, Noemí Geminiani, Alejandro Grillo, Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Delfina Velázquez.
En este segundo escrito, piden que el Ejecutivo local informe sobre diversos puntos, como las acciones de difusión para dar a conocer el Foro de Participación Ciudadana, las conclusiones del mismo y se se piensa convocar otro, los criterios técnicos y normativos que fundamentaron la aprobación de la supresión del tramo final, la cantidad estimada de gente que actualmente utiliza esa traza y si previo a la evaluación de la propuesta de NUDO S.A. se realizaron encuestas o relevamientos de demanda.
También solicitan conocer si la Gerencia Operativa de Planificación de Servicios solicitó a la CNRT el historial de quejas y denuncias sobre la frecuencia, si se hizo algún estudio de combinaciones de viaje que acredite que las líneas identificadas como oferta complementaria permiten alcanzar los mismos destinos sin necesidad de realizar más de un transbordo y el detalle del impacto estimado de la supresión del tramo sobre la accesibilidad a los establecimientos educativos, sanitarios y de servicios públicos ubicados en el área afectada.
En ambos casos, aseguraron que la medida afecta gravemente la conectividad, accesibilidad y el derecho a la movilidad de los ciudadanos de la Comuna 9.
Los argumentos
En los fundamentos de las iniciativas, los diputados exponen que aunque la suspensión del tramo comprendido entre las avenidas Alberdi, Bruix, Escalada, Lasalle y Eva Perón se justificó con una supuesta “baja demanda” invocada por la empresa concesionaria, los vecinos denuncian que la merma responde en realidad al deficiente servicio de NUDO S.A., que registra frecuencias que superan los 40 minutos de espera.
Esta situación habría obligado a los pasajeros a buscar alternativas o combinaciones múltiples, una irregularidad que ya había sido denunciada formalmente ante la CNRT durante los años 2024 y 2025, sin obtener respuesta institucional.
“Resulta igualmente alarmante el proceso administrativo que derivó en esta medida. La apertura del Foro de Participación Ciudadana, regulado por la Resolución N° 93/SECT/26, adoleció de una total falta de difusión activa en el territorio. Al publicarse exclusivamente en el sitio web oficial del Ministerio de Movilidad e Infraestructura —sin cartelería en paradas, centros de salud o escuelas—, la comunidad se enteró de forma casual. Como resultado de esta invisibilización, solo participaron seis habitantes en el foro (cinco de los cuales se manifestaron en contra), evidenciando el fracaso del mecanismo para garantizar una representatividad real de las decenas de miles de personas afectadas”, apuntaron los legisladores.
También afirmaron que las líneas señaladas por la Gerencia Operativa de Planificación de Servicios como “oferta complementaria” (4, 8, 88, 92, 126 y 180) presentan serias limitaciones: operan con paradas fijas selectivas, poseen frecuencias elevadas o solo circulan marginalmente por la zona con destino a la Provincia de Buenos Aires
“Ninguna de ellas reemplaza el circuito perimetral indispensable que ofrecía el 7, forzando a los usuarios a realizar transbordos innecesarios que encarecen y precarizan su movilidad diaria”, sostuvieron.
A la vez que enfatizaron: “Consideramos urgente visibilizar este reclamo. Es nuestro deber velar por el cumplimiento del artículo N°. 42 de la Constitución Nacional y las normativas locales que garantizan el acceso a un transporte público eficiente, igualitario y de calidad”.
Y concluyeron: ”La Ley 26.740 y el Acta Acuerdo aprobada mediante Resolución N° 305-2024 de esta Legislatura confieren al Gobierno plenas facultades para modificar los parámetros operativos del transporte de jurisdicción local, incluyendo la restitución de rutas ya aprobadas. Los vecinos de Parque Avellaneda solicitaron expresamente el ejercicio de dicha facultad para revertir la supresión y exigen que se impongan a la empresa mejoras en la frecuencia, el parque móvil y la supervisión del intervalo entre unidades”.