La fiscal de la causa solicitó que sean llamadas a declarar 32 personas involucradas entre las que hay responsables de la firma, funcionarios y personal policial. El juez decidirá si los cita.
La titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción n°37 Romina Monteleone pidió ayer que el magistrado que lleva la causa llame a indagatoria a empleados de Iron Mountain, funcionarios del Gobierno porteño y a miembros de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal.
Lo que busca develar Monteleone es la cadena de responsabilidades que derivó en el incendio ocurrido el 5 de febrero de 2014 en el galpón de Iron Mountain de la calle Azara al 1200, Barracas, donde murieron 8 bomberos y dos rescatistas de Defensa Civil y se perdió documentación sensible de diversas compañías.
Entre los señalados por Monteleone están el encargado de Seguridad e Higiene de Iron Mountain Héctor Eduardo García, el gerente general de la firma Guillermo Eduardo Lockhart, el apoderado Ignacio Miguel Aldamiz Echeverría y Oscar Godoy, que trabajaba como seguridad en el momento del incendio.
Además, la lista incluye a Matías Nicolás Griffo -inspector de la División Prevención- y Raúl Arbor –comisario inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales- de la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal.
Por último, algunos de los funcionarios porteños mencionados son Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi –miembros de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP)- y la Directora General de Fiscalización y Control Vanesa Berkowski, también implicada en la causa por el derrumbe en el boliche Beara (septiembre de 2010).
El por entonces director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y hoy titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión no figura en la lista elevada por la fiscal.
“En la propagación del incendio objeto de pesquisa han incidido una suma de deficiencias, irregularidades, negligencias e incumplimientos por parte de la empresa que tenía a su cargo la explotación del establecimiento siniestrado, de diversos órganos de contralor y de terceros que tenían a su cargo la responsabilidad de garantizar que el establecimiento cumpliera con todas las medidas de seguridad pertinentes”, apuntó Monteleone en el texto dado a conocer ayer.
Desde el día del hecho, la Fiscalía viene recabando pruebas que determinen si hubo o no intencionalidad en el incendio. En agosto de 2016, un estudio de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) contradijo las pericias existentes y puso en duda que se tratara de algo premeditado.
Ahora, el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción n°18 Pablo Ormaechea deberá resolver si hace lugar al pedido de la fiscal o “si profundiza la investigación del siniestro” según explica una publicación del Ministerio Público Fiscal.
Los lista de los 32
Por Iron Mountain
Héctor Eduardo García, encargado de Seguridad e Higiene. Fue citado por “tratarse del responsable directo de velar por el adecuado funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio y del incumplimiento de las medidas de seguridad pertinentes del establecimiento”.
Guillermo Eduardo Lockhart, gerente general.
Pedro Meierhold, director.
Gustavo Roberto Álvarez, Rodrigo San Miguel, Ricardo Daniel García y Miguel Carrillo, directores.
Ignacio Miguel Aldamiz, apoderado. La fiscal sostiene que podría haber sobornado a funcionarios de la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal Argentina (SFBPFA), para conseguir la habilitación del depósito.
Oscar Godoy, empleado de la empresa “Segurplus S.A”, de turno el día del incendio. Monteleone lo señala por “haber contribuido con su obrar imprudente a incrementar el riesgo”.
Christian W. Castiñeiras, Director Técnico de la empresa “Climate, Controls & Security S.A.”. Su rol era “garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones fijas contra incendio dispuestas en el depósito”.
Luis Fontanello y Martín Arriguez, técnicos.
Por la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía Federal (SFBPFA)
Matías Nicolás Griffo, inspector de la División Prevención.
Raúl Arbor, comisario inspector que se desempeñaba como Jefe del Departamento Seguridad contra Incendio y Riesgos Especiales de la SFBPFA.
En ambos casos, la fiscal entiende que podrían haber incurrido en “un acto de corrupción para obviar los pasos pertinentes de la habilitación”
Por el Gobierno de la Ciudad
Norberto Ventura Sosa y Edgardo Nardi, funcionarios de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos (DGHyP).
Norberto Leandro Hirsfeld, Jorge Barbieri, Félix Raimundo Lugo, Jorge Papanicolau, Ricardo Grunfeld y Alberto Graziani, integrantes de la Dirección General de Fiscalización y Control (DGGyC).
Luis Alberto Cogo, jefe del Departamento de Actividades Generales Críticas.
Roberto José Chiesa, director de Industrias y Otros Locales.
Vanesa Ileana Berkowski, directora general de Fiscalización y Control.
Silvia Miriam Hers, jefa del Departamento de Programación Operativa.
Rafael Mario Roldán, Fabián Conrado Davies y Pierre Louis Chapar, encargados de la Dirección General de Fiscalización y Control.
Gastón Luis Laugle, Patricia Moroni y Jorge Andrés Salazar, responsables de la Dirección de Administración y Gestión Operativa.