Elevaron una iniciativa al parlamento porteño para readecuar la normativa en algunos sectores para proteger la identidad del área y su calidad de vida.
El colectivo Vecinos del Barrio Naón presentó un proyecto de Ley ante la Legislatura de la Ciudad para solicitar que se ajusten diversos aspectos del Código Urbanístico (CUR), que según sostienen, “constituyen un riesgo tanto para las características identitarias de la zona, como para la calidad de vida de todos sus habitantes”.
En el escrito, plantearon que entre los tópicos que más les preocupan se encuentran la construcción de edificios en altura, el incremento de la capacidad constructiva de las parcelas, la intensiva ocupación y la flexibilidad de los usos del suelo, y los problemas inherentes a ese aumento de densidad (menos espacios verdes y estacionamientos, congestión vehicular y pérdida de capacidad ambiental del espacio público).
Además, las herramientas insuficientes para proteger el patrimonio histórico y cultural del barrio e impedir la destrucción de su identidad, la ausencia de marcos regulatorios que prioricen la dimensión pública y el creciente proceso de especulación inmobiliaria.
En ese sentido, expresaron que el “Código Urbanístico distorsionó los valores del suelo e incentivó la renovación urbana con sustitución de tejido patrimonial o identitario”, lo que “altera el carácter residencial del barrio y modifica negativamente las economías barriales”.
“En el caso específico del barrio Naón, la aparición de un cartel de obra en la calle Ercilla 7653 -de una torre de altura- generó alarma y confusión entre los vecinos del barrio, quienes comprendimos que, a pesar de la reciente modificación del CUR, no estábamos exentos de los impactos negativos de la norma precedente, ni de la aparición repentina de emprendimientos inmobiliarios de 45m de altura (adyacentes a nuestra casas)”, relataron en el documento.
Y continuaron: “Por este motivo, decidimos realizar un análisis de la situación actual de la manzana, logrando detectar la existencia de diversas parcelas con expedientes de obra iniciados con la ley precedente que, de avanzar con el desarrollo y ejecución de las obras aprobadas, generarían múltiples impactos negativos en el entorno; además de conformar una manzana de morfología heterogénea, en beneficio de algunos pocos actores que han logrado anticiparse a los cambios normativos”.
Asimismo, expusieron que de ese trabajo territorial, identificaron otras problemáticas que afectan su cotidianidad, el equilibrio ambiental y la identidad local de baja densidad, tales como el colapso de la red de servicios públicos, que ya reportan fallas recurrentes (baja presión de agua, cortes eléctricos y deficiencias en la recolección de residuos), y la saturación comercial, que les genera conflictos de convivencia, aumento del tránsito vehicular, contaminación sonora y ocupación indebida del espacio público.
Te puede interesar: Naón: Vecinos rechazan los megaproyectos inmobiliarios de altura
La Ley N°40 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires otorga a los ciudadanos el derecho de presentar iniciativas parlamentarias, pero éstas deben contar con la firma de, por lo menos, el 1.5% del último padrón electoral.
El colectivo presentó los debidos avales y, además, una nota dirigida a la vicejefa de Gobierno porteño y presidenta de la Cámara, Clara Muzzio, y otros anexos vinculados a la especulación inmobiliaria y los reclamos ante las prestadoras de servicios por los cortes que sufren.
“En ejercicio pleno de nuestros derechos, hemos decidido impulsar un proyecto de ley, que aspira a restringir y ajustar determinados los criterios, en un sector de la comuna que concentra hoy un alto nivel de preocupación: el polígono delimitado por la Avenida General Paz, Lisandro de la Torre, Emilio Castro y Juan Bautista Alberdi”, explicaron.
La iniciativa contempla que en el proceso se tenga en cuenta la participación vecinal. Piden que el Organismo Competente le solicite al Consejo Consultivo de la Comuna 9 un informe en relación a toda petición (certificados urbanísticos, demolición, permisos de obra nueva o ampliaciones o modificaciones, habilitaciones, obras en el espacio público, etc.) que se impulse con referencia a la aplicación de estas normas.
Y que se haga una Evaluación de Impacto Ambiental Acumulativa y una Evaluación Ambiental Estratégica para identificar e interpretar, para prevenir o recomponer, los efectos de corto, mediano y largo plazo que los proyectos, programas y/o emprendimientos públicos o privados, puedan causar al entorno.
Finalmente, piden que hasta que entre en vigencia la ley, se suspenda la aprobación de nuevas peticiones en materia urbanística, y de las habilitaciones comerciales y expansiones gastronómicas del sector.“Anhelamos poner freno a este proceso de transformación negativa de nuestro hábitat, proteger el patrimonio aún vigente y recuperar la calidad de vida”, concluyeron.