Luego de dos allanamientos, se rescataron 18 perros de Shiba Inu que estaban en malas condiciones. Dos mujeres quedaron imputadas.
La Policía de la Ciudad junto a otros organismos clausuró dos establecimientos que funcionan como criaderos ilegales de mascotas para su posterior venta. También liberaron a casi 20 animales e incautaron más de ocho mil dólares.
La causa fue iniciada a partir de una denuncia de una mujer, tras lo cual tomó intervención la Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo del Dr. Carlos Fel Rolero Santurain, que solicitó los allanamientos ordenados por el Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas 23, del Dr. Norberto Luis Circo.
La primera requisa fue a un departamento de ambiente y medio en Montiel al 2100, en Mataderos, donde los oficiales de las divisiones Conductas Contravencionales y Faltas y Delitos Ambientales de la Policía de la Ciudad encontraron ocho caninos de la raza Shiba Inu, de ellos cuatro eran cachorros, que estaban en malas condiciones.
También incautaron 8.700 dólares que serían producto de la comercialización de las mascotas y documentación de los canes. Durante el operativo llegó una de las mujeres que quedó imputada, siendo notificadas de iniciación de causa, por presunto maltrato animal y supuesta comercialización ilegal.
Pero las investigaciones que se iniciaron en torno a este criadero determinaron que había otro en un departamento de la Avenida Juan B. Justo al 2000, en Villa Crespo, donde tenían más perros para cría y comercialización, también de la raza japonesa.
Los oficiales encontraron allí a otros diez animales, que también fueron revisados por veterinarios, y fueron trasladados al amparo de la ONG “Callejeros casa Quiere”, que recibió los alimentos balanceados y los caniles incautados.
La clausura de los dos establecimientos fue llevada a cabo por la Agencia de Protección Ambiental (APRA). En ambos domicilios, los canes estaban encerrados, entre sus desechos, y no había moradores. Como resultado de las requisas, dos mujeres quedaron imputadas en la causa judicial.
De los procedimientos también participaron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, agentes de la Dirección General de Control Ambiental y médicos veterinarios, además de representantes de la ONG.