Comuneros del Frente de Todos se manifestaron en un encuentro de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana y denunciaron que, manteniendo cerrado el establecimiento, se está obstaculizando su función pública.
El lunes 29 de agosto se realizó una reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura porteña. Entre los proyectos que se trataron se encontró el pedido de informes sobre el estado de la subsede, ubicada debajo de la autopista en la Avenida Directorio 4360 (Parque Avellaneda), que se encuentra cerrada desde que comenzó la pandemia.
Lorena Crespo, Favio Pirone y Juan José Cháves, comuneros por el Frente de Todos, se expresaron en el encuentro y exigieron que se reabra.
Mataderos, Liniers y Parque Avellaneda tienen dos establecimientos en los que trabajan los juntistas. El de Timoteo Gordillo 2212 y el de Directorio. En el primero se encuentra la oficina del presidente comunal, Maximiliano Mosquera Fantoni, mientras que el segundo debería ser utilizado por los otros seis comuneros para reunirse con los vecinos y recibir sus reclamos, entre otras funciones.
“Nos sentimos castigados, porque además del abandono que sufre la región sur en general, en términos de institucionalidad estamos aún más retrasados. No tenemos determinadas prestaciones que otras áreas sí, por ejemplo, Registro Civil, Servicio Social Zonal o acceso al registro de conducir”, manifestó Crespo.
Y agregó: “El único representante que tiene oficina es el presidente de la Junta. Y si bien venimos como integrantes del FdT, de ninguna forma lo que estamos haciendo es un reclamo partidario, sino que es institucional, ya que hay otros tres comuneros que corresponden al otro espacio político, que tampoco tienen lugar de trabajo, no solo para recibir a los vecinos para hacer consultas sino también para poder dar curso a los demandas y para trabajar en conjunto como habíamos empezado a hacer con un montón de proyectos colectivos”.
Además, señaló que deben improvisar sus despachos en bares, plazas o instituciones locales y que interpretan el hecho como una “obstaculización” a su función pública, y como una “violavión a la democracia de la Ciudad”.
“Creemos que tener nuevamente nuestro lugar de trabajo, para el cual hemos sido votados, es defender la democracia. Les pido su aprobación y el apoyo”, sostuvo.
Pirone, por su parte, expuso que dialogó con Mosquera Fantoni y que éste le explicó que este año se van a realizar una serie de obras en el edificio para poder tener nuevos servicios. Sin embargo, aseguró que no vieron ningún trabajo en el lugar.
“Nosotros pasamos a diario por la puerta y sigue cerrada. Y no tenemos información concreta de ninguna de las prestaciones que se van a empezar a brindar”, afirmó.
También apuntó que la sede principal había sido puesta en un plan de remates de los bienes del estado de la Ciudad, aunque luego se retiró.
“En un momento llegamos a tener una sede cerrada y otra en vías de remate. Esto pone en evidencia el poco apego que hay a la descentralización y a la gestión, ya teniendo más de 10 años de funcionamiento la Ley 1777”, denunció.
Mientras que Chaves destacó: “Lo que más nos duele es la falta de servicios tan importantes que tenía el establecimiento. Nosotros somos el sur de CABA, uno de los lugares donde la población más necesita de estas asistencias y la gente tiene que estar rebotando entre las comunas 7 y 8. Les pedimos que tomen cartas en el asunto”.
El proyecto de resolución
El escrito insta al Ejecutivo porteño a informar sobre si el inmueble ubicado en Timoteo Gordillo 2212 cuenta con atención al público y especificar qué servicios brinda, cuál es el estado de la subsede, localizada en Avenida Directorio 4360 y qué acciones está llevando adelante el Gobierno porteño para garantizar su apertura y normal funcionamiento.
También pide saber qué funciones de atención al público prevé desarrollar, si cuenta con la dotación de personal suficiente e insumos para garantizar la atención a los ciudadanos; y si los comuneros disponen de oficinas propias, o cuál es su lugar físico de trabajo.
La iniciativa fue elevada en el Parlamento local por Javier Andrade, Alejandro Amor, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Benerice Iañez, Juan Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Manual Socias, María Tiesso, Juan Valdés y Franco Vitali.
“La Ley 1.777 establece las figuras de las sedes y subsedes como centros barriales accesibles, donde la gente puede acercarse para realizar consultas, llevar demandas, encontrarse con los comuneros o efectuar algún trámite. También es el lugar de trabajo de los integrantes de la Junta, electos por voto popular. Por esa razón es fundamental que dichos espacios se encuentren en óptimas condiciones y estén al servicio de los vecinos”, expresaron en el proyecto.
Y agregaron: “Ambos espacios cerraron tras el inicio de la pandemia. Uno volvió a abrir el año pasado, pero la subsede continúa cerrada y esto dificulta el trabajo cotidiano de los juntistas, así como el contacto de los ciudadanos con ellos. Sería importante que el Poder Ejecutivo pudiera clarificar el estado en el que ambas se encuentran”.