Sería en noviembre, luego de que se le realicen reformas al inmueble de Avenida Directorio 4360.
Desde el comienzo de la pandemia la Subsede Comunal 9 está cerrada. Ese es el lugar de trabajo de los comuneros (menos el presidente cuya oficina está en el edificio principal de Timoteo Gordillo 2212) y donde se brindan diversos servicios para los vecinos.
A través del pedido de informes presentado por la Comisión de Descentralización de la Legislatura Porteña, los juntistas lograron que el 1 de octubre se inicien las obras de reformas en el espacio que se encuentra dañado estructuralmente.
Según sostuvo la comunera Lorena Crespo en sus redes sociales el sitio ubicado bajo autopista en Avenida Directorio y Olivera tiene compromiso de reapertura para noviembre de este año.
Con ese objetivo, se realizó una reunión en el lugar de la que participaron los juntistas; Agustín Fox, Director General de Atención Ciudadana del Gobierno porteño; Javier Andrade, presidente de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana de la Legislatura; y el diputado Daniel del Sol.
“El GCBA tiene una deuda con nuestra comuna, que la subsede se encuentre cerrada es algo inédito. Además de su reapertura solicitamos mayor cantidad de servicios como licencia de conducir, Registro Civil, servicio social zonal, etc”, manifestó Crespo en su cuenta de Facebook, luego del encuentro.
La promesa de reapertura se da luego de que diputados del Frente de Todos elevaran un pedido de informes al Parlamento de la Ciudad para conocer el estado de situación del establecimiento.
“La Ley 1.777 establece las figuras de las sedes y subsedes como centros barriales accesibles, donde la gente puede acercarse para realizar consultas, llevar demandas, encontrarse con los juntistas o efectuar algún trámite. También es el lugar de trabajo de los integrantes de la Junta, electos por voto popular. Por esa razón es fundamental que dichos espacios se encuentren en óptimas condiciones y funcionen al servicio de los vecinos”, expresaba en el proyecto.
En un encuentro de la Comisión de Descentralización donde se trató esa iniciativa, Lorena Crespo sostuvo que interpretaban el hecho como una “obstaculización” a su función pública, y como una “violación a la democracia de la Ciudad”.
También aseguró que sentían que se “castigaba” a la zona, porque “además del abandono que sufre la región sur en general, en términos de institucionalidad estamos aún más retrasados. No tenemos determinadas prestaciones que otras áreas sí, por ejemplo, Registro Civil, Servicio Social Zonal o acceso al registro de conducir”, afirmó.