Vecinos e integrantes de la Junta Comunal 9 manifestaron que no fueron invitados a formar parte de la reunión virtual y acusaron al jefe de Gobierno de restringir la participación ciudadana.
El Plan Urbano Ambiental (PUA) establece los criterios que dan marco a los códigos urbanístico, de edificación, ambiental, de habilitaciones y verificaciones. La norma actual está vigente desde 2008 y ahora está en marcha el proceso de actualización.
Para tratar la renovación se planteó una serie de debates que tenían como objetivo contar con la participación de todos los actores de la sociedad, entre ellos organizaciones vecinales, instituciones, cámaras, organizaciones de la sociedad civil, legisladores, las autoridades comunales, sus juntas y consejos consultivos y las vecinas y vecinos de las 15 comunas.
Sin embargo, tanto los comuneros del Frente de Todos como integrantes del consejo consultivo de la Comuna 9 -donde la reunión fue el 3 de noviembre- denunciaron que no pudieron participar porque no fueron invitados y que la convocatoria web ponía condiciones “poco democráticas”.
“Desde el Bloque de Comuneros y Comuneras del Frente de Todos manifestamos nuestra preocupación y rechazo al falso mecanismo de participación ciudadana que el Gobierno de la Ciudad utiliza para discutir la actualización del PUA, un marco clave que contiene la idea de Ciudad que queremos y necesitamos”, expresaron en un comunicado difundido a través de las redes sociales.
Por su parte, Jorge Pombar, integrante del consejo consultivo, le comentó a AVISPADOS que la mayoría de las personas que integran la asamblea no estuvieron presentes en ese encuentro online, porque no fueron invitados como agrupación.
“Según la ley 1777, las asambleas del consejo son los organismos de participación popular por excelencia donde se opina, planifica y se hacen propuestas, para eso fue creada la ley. Pero el gobierno eligió, en esta comuna y en otras, no llamarnos a quienes venimos trabajando desde hace tiempo, que estamos divididos en distintas comisiones, y que por esa continuidad de trabajo y por estar específicamente en distintas áreas sabemos muy bien cuales son los problemas y cuáles han sido nuestras propuestas para solucionar esos problemas”, enfatizó.
Y agregó: “La verdad que estamos muy desilusionados porque no se nos tuvo en cuenta, y no es por un olvido. El Gobierno porteño sabe muy bien de la existencia de los consejos consultivos comunales y decidió no consultarnos, y elegir a qué vecinos sí daba participación en ese zoom. Inclusive con algunas reglas la verdad que bastante poco democráticas”.
Para poder ingresar a la plataforma donde se discute el PUA, se debe aceptar obligatoriamente un contrato con términos y condiciones que, según los denunciantes, incumple los artículos 11 y 12 de la Constitución de CABA. Los requisitos que resaltaron son los de ser mayor de 18 años, comprometerse a solucionar “amigablemente” con el organizador las diferencias que pudieran presentarse bajo riesgo de ir a la Justicia en caso de no hacerlo, la imposición de un máximo de 100 personas y que los participantes deban ceder sus derechos de imagen.
El artículo 11 del ordenamiento de la Ciudad “garantiza el derecho a ser diferente, no admitiéndose discriminaciones que tiendan a la segregación” y promueve la remoción de obstáculos de cualquier orden que impida el pleno desarrollo de la persona y la efectiva participación en la vida política, económica o social de la comunidad.
El artículo 12 establece el derecho a la identidad; a comunicarse, difundir y recibir información libremente y expresar sus opiniones e ideas; y a la privacidad.
Además, las reuniones no son transmitidas por youtube ni por ninguna otra red social, por lo que no serían “abiertas y transparentes”, según afirmaron.
También aseguraron que “el criterio para la selección de los participantes no está especificado. De esta manera, la participación se limita a quienes las autoridades deciden bajo sus propios criterios. Incluso dando acceso a vecinos de otros barrios, provincias o países”.
“Ninguno de mis conocidos de distintas comisiones y de la coordinación del consejo consultivo participó. No fue una asamblea, fue una determinación individualizada del Gobierno de la Ciudad y de su jefe de Gobierno”, concluyó Pombar.