La Defensoría del Pueblo llevó a la Legislatura porteña un proyecto para modificar la Ley de Comunas, de manera que puedan candidatearse extranjeros que vivan y voten en la Ciudad.
La Ley 1777 establece las normas de organización, competencia y funcionamiento de las Comunas. Su artículo 21 determina que para ser miembro de la Junta Comunal se requiere ser argentino nativo, por opción o naturalizado. En el último caso, debe tener como mínimo dos años de ejercicio de la ciudadanía. Lo que propone el Defensor del Pueblo Alejandro Amor es que ese inciso se modifique de modo que también queden incluidos aquellos que se encuentran en el Registro de Electores Extranjeros Residentes.
Ese padrón se creó en el 2000, con la sanción de la ley 334, y habilitó a los inmigrantes como electores de cargos locales, previa inscripción en esa lista.
A su vez, el Código Electoral, sancionado en 2018, establece que los extranjeros con residencia permanente en la Ciudad deben ser incluidos en el padrón electoral de manera automática para que puedan elegir autoridades locales. La norma entraría en vigencia a partir de las elecciones del próximo año.
“A pesar de estos cambios fundamentales, persiste una limitación que debe ser revertida para seguir ampliando derechos políticos de esta población: los derechos políticos pasivos, es decir, la posibilidad de ser candidatos. Distintas provincias han aprobado leyes que, con determinados requisitos y limitaciones, permiten a los migrantes ser candidatos para conformar los Consejos Deliberantes de diversos municipios. El objetivo de habilitar esta participación es reconocer la importancia que tienen en la comunidad y para favorecer la participación política institucional mediante su postulación a cargos electivos”, manifiesta el proyecto.
También afirma que la Ciudad es la jurisdicción argentina con el mayor porcentaje de población extranjera -un 13,7%, según el censo realizado en 2010-, de los cuales una gran parte posee residencia permanente, trabajan y viven en la Ciudad y participan en organizaciones de la sociedad civil.
“Los derechos políticos no sólo son necesarios en sí mismos, sino que también tienen implicancias directas en otros derechos, como económicos, sociales y culturales. El tener la posibilidad de ser electos como comuneros, permitiría extender el trabajo político de las personas migrantes, promover una mayor participación política y fortalecer los vínculos con la comunidad lo que favorecería su integración”, destaca el escrito.
Y concluye: “Con el presente proyecto de ley se intenta expandir los derechos políticos de los extranjeros que viven en la Ciudad, reconociendo su participación comunitaria y permitiéndoles realizar su aporte en el marco político e institucional de las Juntas Comunales. Es una de las misiones constitucionales de esta Defensoría ampliar la representación, favorecer la expresión de la igualdad jurídica y del pluralismo participativo, valores fundamentales para lograr un sistema democrático inclusivo y plural, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de CABA”.