El Observatorio del Derecho a la Ciudad presentó el último martes un recurso de amparo para suspender la audiencia en la que se tratará la creación de una gerencia de inmuebles del Estado.
Los miembros de esa organización social alegan no tener la información suficiente para participar del encuentro que se realizará el 29 de marzo en la Legislatura, la antesala de la aprobación por segunda lectura de la ley que instaura la Agencia de Bienes S.E.
La decisión de concurrir a la Justicia surgió el lunes luego de una reunión en la que participaron diversas agrupaciones vecinales bajo el lema “Buenos Aires no se vende”. Allí, los participantes manifestaron su preocupación por la “falta de conocimiento por parte de la ciudadanía” sobre la Agencia de Bienes que se está debatiendo en la Legislatura y cuya aprobación en primera lectura sucedió el 3 de diciembre del año pasado.
“La Agencia de Bienes es un instrumento legal que el macrismo quiere utilizar para transformarlo en una inmobiliaria de tierras públicas para destinar estos predios a negocios sin necesitar la autorización de la Legislatura para cada venta concreta”, opinó Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio, ante AVISPADOS.
El proyecto hace mención a dos terrenos en particular: un segmento del predio de Tiro Federal en la Comuna 13 y el conocido como El Dorrego, en la Comuna 14. En esos espacios, el texto prevé construir el Parque de Innovación y el Centro Metropolitano Audiovisual respectivamente.
“Cuestionamos que la participación que vamos a tener en esa audiencia no va a ser con información”, se quejó Baldiviezo. Y señaló: “No existe ningún informe técnico, social o ambiental que justifique por qué se van a van a vender esas hectáreas de tierra y cuál es el fundamento de crear estos espacios”.
Según Baldiviezo “están en juego todos los terrenos de la Ciudad” y subrayó que implica que se los pueda destinar o hacer licitaciones “direccionadas para pasar inmuebles públicos a sus amigos políticos o empresarios”.
“El ejemplo actual son los terrenos de Casa Amarilla, en La Boca. Estaban destinados a viviendas sociales y por ciertas vicisitudes se construyeron 400 hogares y el resto quedó sin destino. Entonces pasaron del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) al Poder Ejecutivo y de ahí a la Corporación Buenos Aires Sur sin ningún tipo de apreciación de la Legislatura. La corporación llamó a licitación pública para su venta y el único oferente fue el club Boca Juniors”, relató Baldiviezo.
La denuncia recayó en la secretaría 23 del Juzgado nº 12, a cargo de María Soledad Larrea.