Se realizó un nuevo Tormenta Negra, en el que la Ciudad desplegó más de 1.500 policías en 15 villas porteñas. En total, hubo 17 detenidos y 192 vehículos secuestrados.
En un megaoperativo simultáneo, la Ciudad desplegó más de 1.500 agentes de control en barrios populares, uno de ellos fue Cildañez, en Parque Avellaneda, Comuna 9. Mientras desde el Gobierno aseguran que el objetivo es “reforzar la seguridad y seguir trabajando en el ordenamiento del espacio público”, agrupaciones y referentes sociales y políticos denuncian violencia institucional y discrimnación contra los vecinos de esos sitios.
Los procedimientos se desarrollaron en las villas 31, 21-24, Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, Mitre, 15 (Ciudad Oculta), 20 (Villa Lugano), Inta, Bermejo, Mugica, 1-11-14, Cildañez, Piletones y Fátima.
Hubo 17 detenidos, de los cuales 11 fueron por comercialización de estupefacientes, tres por tenencia, dos por tentativa de robo, y otro con pedido de captura. Además, se requisaron 192 vehículos.
Operarios de distintas áreas removieron 26 autos abandonados, basura y chatarra de veredas y calles. Además, la Agencia Gubernamental de Control inspeccionó un total de 30 locales: 12 fueron clausurados. Son 4 kioscos /almacenes, 2 metaleras /chatarreras, 3 locales de venta celulares y dos locales polirrubros. Todos por fallas graves de seguridad e higiene.
En la Comuna 9 pasaron por Cildañez, donde arrestaron a un hombre y una mujer por comercialización de drogas, con secuestro de cocaína, marihuana, pasta base, celulares. Además, un demorado por tenencia de estupefacientes (marihuana).
“Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley, que es igual para todos, en la villa o en los barrios, porque la Ciudad es una sola”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.
Y agregó: “Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo. Quiero que la gente de cualquier nivel social pueda vivir bien”.
Trabajaron distintas áreas, como la Policía de la Ciudad, Tránsito y Transporte, Espacio Público, Bomberos, Agencia Gubernamental de Control (AGC), el Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automotores de la Ciudad (PROCOM) y SAME.
Este tipo de intervenciones masivas ya cuenta con antecedentes en la Ciudad. Durante el mes de mayo, las fuerzas porteñas llevaron a cabo un procedimiento similar que abarcó 15 villas y barrios populares, entre los que se incluyeron la 31, 1-11-14, 21-24 y Zavaleta, Ciudad Oculta, 20, Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo, Padre Mujica, Cildañez y Barrio Mitre.
Rechazo a los operativos
Por su parte, organismos de derechos humanos y referentes sociales manifestaron un fuerte repudio al accionar de las fuerzas de seguridad.
Desde el CELS advirtieron que el Gobierno porteño trata a los barrios populares como “zonas de ocupación”. La organización alertó sobre violencia policial, detenciones arbitrarias y secuestro de herramientas de trabajo, consolidando una política que “identifica pobreza con inseguridad”.
En la Legislatura porteña, vecinos de la Villa 31, Barrio Mitre, 1-11-14 y 21-24 participaron de una audiencia pública donde relataron situaciones de hostigamiento, racismo y abusos físicos.
Los testimonios describieron golpizas en la vía pública, negación de asistencia médica a heridos y ensañamiento con cooperativas. Por este trato discriminatorio, desde las organizaciones vecinales rebautizaron los despliegues como “Operativos de Odio”.
“No merecemos que nos traten de esta manera. Nos tratan distinto que al resto de los porteños”, señaló el legislador Alejandro “Pitu” Salvatierra, uno de los impulsores de la audiencia.
A raíz de estos reclamos, distintos bloques presentaron proyectos para repudiar el hecho. Los diputados cuestionaron la desproporcionalidad de movilizar a 1.500 policías para tareas mayormente administrativas y concretar solo 17 detenciones.
Los documentos señalan, entre otras cosas, que el despliegue responde a una “exhibición mediática” y estigmatizante, sin desarticular delitos reales. Por esto, exigen citar al ministro y al secretario de Seguridad de la Ciudad para que rindan cuentas sobre la legalidad del procedimiento.