Los vecinos la escucharon cuando pedía ayuda a través de una reja. El responsable del establecimiento quedó detenido.
La Policía de la Ciudad rescató a una mujer de 53 años que estaba cautiva desde hace dos meses en un taller de costura encubierto en el barrio de Mataderos, Comuna 9.
Los efectivos se presentaron en el lugar a partir de una llamada de los vecinos de la calle San Pedro al 5700, quienes llegaron a escuchar a la víctima que pedía auxilio a gritos desde detrás de una reja.
Cuando los agentes llegaron al domicilio, encontraron a la mujer en un estado de ataque de nervios. Según relató, era obligada a trabajar bajo condiciones inhumanas. Luego, debía ir a vender esos productos a la feria de La Salada de Lomas de Zamora.
Inmediatamente, los policías ingresaron al lugar y la pusieron a resguardo, con la intervención de División Trata de Personas, que se encargó de asistirla, resguardar su integridad y brindarle asistencia psicológica.
Además, allí hallaron una gran cantidad de prendas de vestir, camperas, chalecos, máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de telas, hilados y anotaciones, lo que indicaba que allí funcionaba la fábrica de ropa ilegal.
En medio del procedimiento, el dueño de la vivienda, un ciudadano boliviano de 66 años, intentó evadir a la policía, pero fue rápidamente detenido.
El caso quedó en manos de la Justicia, que investiga la red de explotación detrás de este comercio furtivo y el tiempo que la víctima permaneció privada de su libertad.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Número 12, a cargo de Julián Ercolini, Secretaría 23 de la doctora Cavallero, dispuso el arresto del imputado, el secuestro de los elementos encontrados y la intervención a la División Investigaciones Comunales 9.
El hecho se da dos semanas después de un operativo similar que se desarrolló en el barrio de Parque Chas.
En ese procedimiento, la Policía cerró un taller clandestino que funcionaba en una casa ubicada sobre la calle Barzana 1236, usurpada hace 15 años y en la que trabajan 17 menores de edad.
En la planta baja habían montado una fábrica textil y en la terraza construyeron viviendas precarias sin permiso de obra.
La actuación fue ordenada por la Unidad de Flagrancia Norte a cargo de la fiscal María Andrea Caleri, ya que el lugar tenía una clausura por riesgo edilicio de la Agencia Gubernamental de Control (AGC).
Autoridades del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes comprobaron que en el lugar había menores.
Además, se le dio intervención a la Dirección de Migraciones, que encontró que allí vivía un inmigrante boliviano que tenía orden de detención por pedido del Juzgado Nacional Contencioso Administrativo Federal 7, a cargo de Lara Correa, al que le habían cancelado la residencia a fines de 2022. El hombre fue detenido.