La iniciativa parlamentaria solicita al Ejecutivo que comunique acerca del estado de las actuaciones en materia urbanística y de las prestaciones de agua y luz, entre otras temáticas.
Las diputadas por Confianza Pública María Sol Méndez y Graciela Ocaña elevaron un proyecto de resolución para pedir información sobre diversos puntos referidos a las gestiones urbanísticas y a la infraestructura de los servicios esenciales del Barrio Naón, en el polígono delimitado por la Avenida Emilio Castro, Saladillo, Patrón, Lisandro de la Torre, Bragado y colectora de la General Paz, en la Comuna 9.
Específicamente, las legisladoras solicitaron conocer cuántas parcelas presentan actuaciones administrativas vigentes (certificados, englobamientos parcelarios, registro de etapa, permiso de obras, de demolición y/o cualquier otro), discriminado por área, con datos catastrales y dirección, año, superficie registrada, profesional interviniente, zonificación o unidad de edificabilidad y marco normativo correspondiente.
También requirieron saber la cantidad de expedientes con permiso de obra otorgados previo al año 2018 que han pedido la extensión de plazo de vigencia (con la aclaración de metros cuadrados y cuántas están paralizadas) y cuántos han obtenido el Certificado final de Obra.
Además de los estudios de prefactibilidad de servicios como agua, energía, gas y cloacas, que fundamentan la unidad de sustentabilidad definida por el Código Urbanístico (CUR); las instancias de coordinación, planificación y monitoreo se llevan a cabo entre el Gobierno de la Ciudad y las empresas prestadoras y las fallas de suministro registradas desde enero 2024 a la actualidad, con el detalle de las mejoras realizadas en las redes y las sanciones aplicadas por incumplimientos.
Argumentos
“En los últimos años, Naón ha evidenciado un marcado dinamismo en materia de desarrollos inmobiliarios. Esta situación genera un impacto directo en la trama local, en la densidad poblacional y en la capacidad de los servicios públicos esenciales, cuya disponibilidad resulta determinante para garantizar la sustentabilidad de los nuevos proyectos”, expresaron en los fundamentos de la iniciativa.
También explicaron que, preocupados por la situación, el colectivo de vecinos del barrio ha ido manifestando distintas inquietudes respecto a la normativa para su zona.
Con ese fin, han interpuesto en distintas ocasiones requerimientos de acceso a la información pública según la Ley 104, pero no recibieron respuestas. “Como consecuencia, se han puesto en contacto con mi despacho a fin de que interceda en pos de esclarecer las consultas aquí vertidas”, sostuvo María Sol Méndez.
Asimismo, el mes pasado presentaron un proyecto en la Legislatura donde reclamaron que se ajusten diversos aspectos del (CUR) en algunos sectores que según sostienen, “constituyen un riesgo tanto para las características identitarias, como para la calidad de vida de todos sus habitantes”.
“A fin de ejercer la debida función de contralor que corresponde a este Parlamento, resulta indispensable poder brindar respuestas a las inquietudes ciudadanas y por ello solicitamos conocer con precisión la cantidad y características de las obras en curso, la existencia de expedientes en trámite, la coordinación con las compañías prestatarias y las medidas adoptadas por el Gobierno de la Ciudad para asegurar que el crecimiento se desarrolle en condiciones de equilibrio, legalidad y transparencia”, manifestaron en el documento.
A la vez que aseguraron que esos datos permitirán valorar el cumplimiento del marco reglamentario vigente y verificar si se han generado instancias de participación ciudadana y comunal en la definición de iniciativas que modifican el perfil barrial.
“La comunidad demanda claridad sobre el destino de sus calles, el respeto a la normativa y la garantía de condiciones adecuadas de infraestructura. Por ello, este pedido de informes se presenta como una herramienta esencial para dotar de transparencia al proceso y asegurar una planificación urbana sostenible”, concluyeron.