El caso ya salió sorteado y tiene jueza. El Gobierno de la Ciudad ahora tiene cinco días para responder sobre el convenio con la empresa privada y las obras que ya se comenzaron en el espacio público de Liniers.
La lucha de los vecinos en contra de la privatización del Polideportivo Santojanni dio un paso más: el amparo presentado ya fue asignado al Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 22, a cargo de la Dra. María Rosa Cilurzo, lo que significa que ya hay una autoridad judicial analizando nuestras pruebas.
El objetivo de la presentación de la comunidad es que se declare la nulidad del Convenio de Permiso de Uso Precario y Oneroso, celebrado, el 1 de diciembre el año pasado, entre la Dirección General de Concesiones y Permisos y la Secretaría de Deportes del Gobierno porteño y la empresa TRIXMA S.R.L., mediante el cual se cedió una porción del establecimiento.
También requieren se ordene dejar el predio en el estado en que se encontraba con anterioridad al inicio de las obras, a través de la realización de las tareas necesarias para la recomposición ambiental del espacio verde afectado
El acuerdo entre el GCBA y la compañía la habilita a la explotación comercial, por el plazo de cinco años, para construir allí cuatro canchas profesionales de pádel vestuario y administración y recepción, por el cual el permisionario abonará la suma mensual de $2.850.000.
Sin embargo, desde el colectivo vecinal que lleva adelante el reclamo sostienen que el lugar solo debe ser asignado a lo mencionado en el testamento de Don Francisco Santojanni: un hospital y un sitio público.
Además, alegan que es incompatible con el régimen jurídico aplicable al área y que la transformación del suelo absorbente en superficie impermeable constituye una modificación estructural, con consecuencias ambientales significativas particularmente en lo que respecta a la gestión hídrica y la mitigación de riesgos de anegamiento.
Y denuncian que el contrato fue dictado sin un proceso licitatorio, ni evaluación de impacto ecológico previa exigida por la Ley N° 123, ni dando intervención a la Junta Comunal o a la participación ciudadana.
Los trabajos ya habían sido frenados pero luego se removió la faja de clausura y los vecinos no tienen conocimiento de qué pasó después.
Ahora, la Justicia se determinó competente y solicitó que se le pida información al Ejecutivo de la Ciudad sobre el convenido y las obras de cemento que ya se empezaron, y que remita la totalidad de las actuaciones administrativas vinculadas con el otorgamiento del permiso de uso en cuestión.
“¡Buenas noticias! Lo que empezó como un reclamo de vecinos y vecinas en la calle, hoy ya es una realidad. La justicia escuchó nuestro pedido y el amparo para salvar el Polideportivo Santojanni sigue en marcha”, expresaron desde la redes sociales de la agrupación No a la Privatización del Poli Santojann.
Y concluyeron: “Hay algo que no cierra. Si el juzgado pide explicaciones y ordena una clausura previa, es porque nuestras denuncias tienen sustento. El Poli Santojanni no es un negocio de pádel, es nuestro patio comunitario. Este es un paso gigante, pero la lucha sigue. Necesitamos que toda la Ciudad sepa lo que está pasando en nuestro poli”.