Un diputado de la Ciudad elevó un proyecto para conocer si la Alcaldía estaba excedida en capacidad y la cantidad de personal que tiene, entre otros datos.
El 24 de diciembre, en plena víspera de Nochebuena, 17 presos se fugaron de la Alcaldía Nº9, ubicada en Gana al 400, debajo de la autopista Perito Moreno (Liniers, Comuna 9). Días después, el legislador de Unión por la Patria Matías Barroetaveña presentó una iniciativa para solicitar información al Poder Ejecutivo referida al hecho.
Específicamente, el diputado pide conocer la cantidad de personal policial y de personas detenidas allí, si se encontraba excedida en su capacidad máxima, cuál es la situación procesal penal de los prófugos, si produjeron daños materiales en las instalaciones, si el inmueble cuenta con dispositivos de seguridad electrónica (como video vigilancia, cerco perimetral, control de acceso, sistemas de detección y extinción de incendios) y si la Comisaría recibió alguna certificación del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM) en relación a la vigilancia de los contenedores carcelarios.
En los fundamentos, el diputado sostuvo que “continúan reiterándose situaciones de fuga de personas detenidas en establecimientos dependientes del Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Ciudad”.
Y mencionó que del 31 de marzo al 16 de abril ocurrieron cuatro situaciones del estilo y en total se escaparon 17 detenidos del edificio anexo a la Comisaría Vecinal 1B (San Telmo), de la 6B (Caballito) y de la Alcaldía 3A (Balvanera).
Durante el fin de semana del 12 y 13 de octubre, se tomó conocimiento de la presumible deserción de seis personas detenidas en la Comisaría 4D de Barracas. Y el 25 de noviembre, 11 personas más huyeron de la 4 Bis del mismo barrio.
“Todos estos hechos motivaron la presentación de distintos pedidos de informe, de mi autoría, que hasta la fecha no han sido respondidos”, afirmó.
Además, enfatizó en declaraciones del jefe de Gobierno Jorge Macri del mes de abril, cuando expresó que las “comisarías porteñas no están preparadas para la cantidad de detenidos que tenemos, necesitamos que el Gobierno Nacional se los lleve al Servicio Penitenciario Federal”.
Mientras que recordó la prórroga por dos años de la emergencia en materia penitenciaria por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación y el Decreto Nº 200/2024 del Ejecutivo local, a través del cual se declaró por doce meses “la emergencia edilicia, de infraestructura y condiciones de alojamiento en comisarías e instituciones penales de alojamiento temporario y transitorio destinado a personas privadas de su libertad en el territorio de la CABA”.
Todo esto se da en el marco de las primeras reuniones de autoridades nacionales y porteñas para el traspaso de las competencias para la ejecución de penas privativas de la libertad.
“La respuesta a este pedido de informe permitirá dimensionar la magnitud de la problemática carcelaria en la Ciudad de Buenos Aires y cómo se está gestionando en la actualidad”, concluyó el proyecto de declaración.
Recapturas y nueva cúpula
Lo ocurrido el 24 de diciembre pasado en la Comuna 9 motivó la remoción de la cúpula policial local, compuesta por Pablo Kisch y Jorge Azzolina, que habían asumido en mayo.
Según lo anunció el ministro Waldo Wolff, sus sucesores son los comisarios generales Diego Casaló y Carla Mangiameli.
Asimismo, informó que tanto la cartera de Nación -a través de la Policía Federal- como la del GCBA estaban trabajando mancomunadamente en la búsqueda de los evadidos. También se sumó la fuerza de seguridad bonaerense.
A raíz de las investigaciones realizadas, ya son nueve los reclusos que volvieron a prisión.
A los últimos dos los encontraron oficiales de la Ciudad el jueves pasado. Se trata de Kevin Villalba, de 30 años, que fue arrestado en Liniers, y Brian Maidana, de 25, en la Villa 31.
Quedan por recapturar ocho reclusos: David Adaro, Cristian Zavala Ramírez, Nicolás Alejandro Pávez Uribe, Rodrigo Molina Meléndez, Jonatan Espinoza Vilches, Alan Gastón Riquelmes, Luis Leiva Galván y Brian Valdebenito.