El Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas firmó este lunes un convenio con la empresa operadora de la central de viajes como estrategia para combatir el delito.
El titular del ente que depende de Jefatura de Gabinete Gustavo Vera acordó con el vicepresidente de la empresa Parada Liniers S.A. Pablo Russo la implementación de tareas en conjunto para prevenir, detectar y denunciar la trata y explotación de personas.
La primera medida apuntará a difundir la existencia de la línea 145 (gratuita, anónima y de alcance nacional) en la que se reciben alertas de posibles casos de trata y se brinda asistencia. El Comité proveerá el material mientras que la empresa se encargará de ubicarlo en puntos de alto tránsito.
Además, se capacitará al personal de la terminal y a los conductores de vehículos de larga distancia para mantenerse alertas antes posibles situaciones que, a priori, podrían enmarcarse dentro del delito de trata. Esta preparación quedará a cargo del ente nacional.
“Las terminales de ómnibus resultan ser un punto neurálgico, de alto tránsito de personas, que se mueven a lo largo y ancho de la Argentina y países del exterior”, argumenta el documento que lleva la firma de Vera y Russo.
Del encuentro también participaron la representante del comité por la Ciudad de Buenos Aires Tamara Rosenberg y la abogada a cargo de Legales de Parada Liniers S.A. Mariana Arcos.
¿Qué se entiende por trata y explotación de personas?
Según la Ley N° 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas –sancionada en 2008- y su modificatoria (N° 26.842 promulgada en 2012) se define a este delito como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción y/o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”.
Según le contó Vera a Radio Perfil el mismo lunes, entre 2020 y 2022 fueron rescatadas 3523 personas en el país. El 60 por ciento estaba relacionado con explotación laboral en el ámbito rural (“empleados que trabajaban más del máximo legal permitido, cobraban mucho menos que el salario mínimo, vital y móvil, vivían y trabajaban en condiciones inhumanas”, detalló Vera”) y el 40 por ciento restante, a explotación sexual.
“El 80% de las casi 17 mil personas rescatadas (desde 2008) hasta el 2020, persistieron en situación de vulnerabilidad porque no había una cobertura a largo plazo que permitiera evitar la revictimización. En lo que se trabajó muy fuerte en estos años fue en garantizar medidas de asistencia en el corto, mediano y largo plazo”, informó el funcionario en diálogo con el periodista Jorge Fontevecchia.