Los vecinos tienen desde hoy el derecho a “acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar y redistribuir información” de los tres poderes del Estado local.
La Legislatura aprobó hace instantes un proyecto que reemplaza la actual ley nº 104 votada en 1998. La norma fue acompañada por 54 diputados mientras que los bloques de Autodeterminación y Libertad y el Frente de Izquierda se abstuvieron.
La nueva ley entiende que la información es “un bien público que debe ser puesto a disposición de la sociedad” y enmarca el acceso a ella en el ámbito de los Derechos Humanos.
Cualquier persona interesada en conocer datos sobre el Gobierno, las comunas, el Consejo de la Magistratura, la Legislatura o el Poder Judicial, entre otros, podrán hacer uso de la nueva herramienta de manera gratuita.
Los organismos estarán obligados a entregar la información contenida en documentos escritos, fotos, grabaciones, soporte magnético, digital, bases de datos, acuerdos, directivas, reportes, estudios, oficios y proyectos de ley, entre otros.
La solicitud no implica que la persona interesada desarrolle la razón por la que requiere determinado material. Simplemente, bastará con anotar el nombre y apellido y un domicilio real en la Ciudad o correo electrónico. A los 15 días, el organismo aludido deberá entregar los documentos.
Como sucedía en la vieja ley nº 104, la cesión de datos tendrá restricciones. Si está protegida por legislación vigente, si afecta la intimidad de personas, si guarda datos sensibles a la estrategia de defensa o tramitación de una causa judicial, si es de terceros, si su divulgación pondría en riesgo la seguridad pública o es el paso previo a una decisión de autoridad pública, la información podría ser denegada.
Para velar por el cumplimiento de la ley, cada uno de los poderes del Estado nombrará una autoridad de aplicación, donde se le dará curso a los distintos pedidos de acceso a la información pública. Al mismo tiempo, se designará un Órgano Garante, que controlará que los procesos funcionen como lo exige la norma.
La novedad incorporada por los legisladores implica la creación del programa Transparencia Activa que se pondrá en marcha en el próximo año. Los organismos alcanzados por la nueva ley nº 104 estarán obligados a publicar en sus sitios web oficiales constantemente datos relativos a se gestión.
“Damos por terminado el juego de las escondidas en la administración pública”, dijo metafóricamente el diputado del PRO José Luis Acevedo. Su par de la bancada Suma + Natalia Fidel reconoció: “No sólo es una herramienta de acceso al conocimiento, sino que se trata de democratizar y universalizar el acceso al poder”.
La sanción de la norma estuvo cargada de emotividad en el recuerdo de una de las legisladoras que trabajó activamente para su confección. Se trata de la macrista Cecilia de la Torre que atraviesa una difícil situación de salud tras una operación programada.