La Legislatura sancionó un proyecto consensuado que exime a los inquilinos de pagar comisión a las inmobiliarias y fija un máximo que correrá por cuenta de los propietarios.
En concreto, se trató de la modificación de algunos artículos de la ley 2340 en donde se regula la actividad del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios.
Por eso, la nueva norma tendrá incidencia en los contratos celebrados entre el dueño y el futuro inquilino con una inmobiliaria como intermediaria, siempre que el destino del inmueble sea habitacional.
Cuando lo aprobado ayer se promulgue, los corredores no podrán pedir más del 4,15% de comisión y ésta deberá ser abonada por el propietario, algo que hasta ahora iba a cuenta del inquilino.
Además, el gasto que surja de la gestión del pedido de informes a los organismos oficiales tampoco podrá ser abonado por el arrendatario.
Toda esta información beneficiosa para el ciudadano que no posee vivienda propia deberá estar en las páginas web y en las oficinas de las inmobiliarias.
El texto fue acompañado por 52 diputados mientras que Fernando Vilardo (AyL) y Laura Marrone (FIT) se abstuvieron. “No ataca el problema de fondo del acceso a la vivienda”, reaccionó Marrone.