Después de que la Justicia obligara a la Ciudad a abonar un jardín privado a un niño que se había quedado sin vacante, el Gobierno recusó al juez y la resolución está en suspenso.
La alegría duró poco: el mismo día en que los medios informaban sobre la decisión judicial de hacerle pagar a la Ciudad un jardín privado para paliar temporalmente la falta de vacante para un bebé de 18 meses, su familia se enteró que la resolución estaba en suspenso.
Es que el Gobierno recusó el jueves al titular del juzgado N°15 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Víctor Trionfetti quien había dictado una medida precautoria que garantizaba la escolaridad del niño en una escuela privada al menos temporalmente.
Ahora, habrá que esperar a que la Cámara de Apelaciones resuelva si el magistrado es competente y si no, se derivará a otro juez que definirá en su lugar.
El camino judicial comenzó cuando los padres del chico supieron que había quedado número 30 en la lista de espera para acceder a un jardín maternal público. Casi segurade que eso significaba quedar afuera de la escolaridad, la familia presentó un recurso de amparo.
Para acelerar los tiempos de la Justicia a tan pocos días de comenzar el ciclo lectivo, se presentó una medida precautoria para pedirle al juez que resolviera rápidamente. Sin embargo, el magistrado resolvió no hacer lugar por entender que técnicamente el niño tenía chances de ingresar al jardín maternal.
De todos modos, citó a una audiencia a las autoridades del Ministerio de Educación porteño, a la Procuración de la Ciudad, a la familia del chico y a la asesora de Menores. En el encuentro, la asesora sugirió que el Estado abonara un jardín privado hasta que la educación pública estuviera asegurada.
El juez aceptó la propuesta y falló en ese sentido en nombre del artículo 24 de la Constitución porteña. “La Ciudad asume la responsabilidad indelegable de asegurar y financiar la educación pública, estatal laica y gratuita en todos los niveles y modalidades, a partir de los 45 días de vida hasta el nivel superior”, señala la Carta Magna.
Los padres del pequeño buscaron 4 presupuestos de maternales a 10 cuadras a la redonda de su casa y Trionfetti ordenó el pago de uno de ellos a sabiendas que, si el Gobierno lo incumplía, se llevaría adelante una orden de embargo contra fondos de la Ciudad.
La noticia trascendió ayer a los medios y fue celebrada por el colectivo de padres que reclaman vacantes al Ministerio de Educación ante la falta de oferta escolar en todos los niveles y barrios
En ese marco, el abogado de la familia en cuestión, se enteró que el Gobierno había avanzado contra Trionfetti. “No pude leer la recusación que, según la ley, puede ser por muchos motivos. La medida está dictada: si la Cámara entiende que el juez es competente, queda firme y si no, el otro juez la confirmará o no”, le dijo a Avispados el letrado Ignacio Rubinstein.
Mientras tanto, la medida de fondo que es el amparo, sigue adelante dentro del mismo expediente. Su resultado significará una resolución definitiva, aunque eso será en el tiempo. “No hay plazo, pero se supone que siendo un amparo se va a resolver rápidamente”, explicó Rubinstein.