La Nación publicó hoy el veto a la ley de expropiación del Bauen que ponía en manos de la Cooperativa el edificio del hotel ubicado en Callao 360. La posición de los trabajadores.
Según el Gobierno, aportar el dinero necesario para expropiar el inmueble “implicaría un severo perjuicio en la posibilidad de asignar” el monto de dinero “a otras necesidades básicas insatisfechas para el conjunto de la población”.
La misma mirada había tenido el presidente provisional del Senado Federico Pinedo durante la sesión del 30 de noviembre, cuando los miembros de la Cámara Alta aprobaron la moción sin los votos de Cambiemos. Por su parte, los diputados habían acompañado la norma en 2015 por unanimidad.
“La administración de los recursos públicos se debe realizar de manera responsable, de conformidad con los fines públicos y apegada a los principios de buena administración que debe perseguir toda acción de gobierno”, explica el decreto del veto firmado por el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete Marcos Peña.
Sin embargo, los integrantes de la Cooperativa de Trabajo Buenos Aires una Empresa Nacional Limitada (BAUEN) aseguraron que el argumento del Gobierno “es insostenible”.
Es que los dueños del espacio habían adquirido en 1978 un crédito para construir el edificio que jamás cancelaron. Por eso, la ley ahora vetada hablaba de usar como parte de pago los créditos que el Estado nacional poseyera “contra el titular y/o los titulares de los bienes declarados de utilidad pública y sujetos a expropiación”.
En diálogo con Avispados, la presidenta de la cooperativa Eva Lossada negó que acceder a la expropiación significara beneficiar a “a un grupo particularizado” como dice el texto publicado hoy en el Boletín Oficial.
“Acá hay un espacio que es de los trabajadores y que lo llevamos como patrimonio nacional. No es que nos queremos quedar con el edificio, que sea del Estado mientras trabajamos como cooperativa”, señaló Lossada con indignación.
Desde que el hotel fue reabierto en 2003 por sus trabajadores, los salones y las habitaciones son brindados con fines sociales. A ese fin, la ley sancionada obligaba a la cooperativa a continuar con “las actividades culturales, educativas y sociales que desarrolla y de mantener su actividad productiva como fuente creadora de trabajo”.
“Nos desprestigian como siempre, pero hace 14 años que venimos trabajando”, formuló con tristeza Lossada. El próximo jueves a las 18 harán una conferencia de prensa para aclarar su posición y anunciar cómo continuarán la lucha.
Por el momento, ya comenzaron las reuniones en el Congreso para trabajar en un nuevo proyecto que reemplace el vetado.