Por Patricia Vischi, Autora del Proyecto de Ley 2680-D-2016.

El Sistema de protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires está integrado por diversas instituciones establecidas en la Ley 114/98,  y la Ley Nacional 26.061/05 que la complementa y la integra al sistema a nivel federal. Esta Ley Nacional crea la figura del Defensor/a Nacional de los Derechos de los niños, que debería tener su análogo en cada jurisdicción. Ya existen experiencias exitosas en el país como en  la provincia de Santa Fe, cuya integración contó con el auspicioso apoyo de UNICEF argentina.

Un/a Defensor/a para esta franja etárea,  tiene como función inherente promover las acciones de protección de los intereses difusos o colectivos, interponer acciones de protección ante cualquier juicio, instancia o tribunal y velar por todos los derechos y garantías, promoviendo acciones extrajudiciales y judiciales cuando amerite, además de todas las atribuciones que le otorga la Defensoría del Pueblo de esta Ciudad.  De esta manera,  se contaría con una instancia propia de protección de derechos, con el carácter de extrapoder (tanto del administrativo y judicial) que actúa como resguardo último para garantizar el cumplimiento de los derechos en el ámbito familiar, comunitario y estatal. En el caso que éstos se vulneren, los niños y jóvenes pueden exigirlos en forma directa a través de esta institución.

La Ley que regula la creación de Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires no cuenta con una adjuntía específica que resguarde los derechos de niños, niñas , adolescentes y jóvenes, aunque existen áreas de especialización que incluyen cuestiones de niñez y adolescencia y también de juventud, pero todas fragmentadas. Es por ello que mi Proyecto crea una adjuntía especializada integrando la defensa de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes y de los jóvenes en razón de que es un colectivo que debe ser prioritario para esta Ciudad.

Esperamos que este proyecto tenga un rápido tratamiento con el objeto de poder mejorar y completar una institucionalidad acorde a los derechos de los niños, que deben ser considerados ciudadanos y partícipes de una sociedad democrática basada en los valores de la justicia y la solidaridad, como pretendemos desde el Bloque SUMA +.

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