Martes, 17 Octubre 2017
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El desafío de terminar con la connivencia entre Policía y delito
Miércoles, 16 de Noviembre de 2016 23:01

1080*Legisladora de la Ciudad por la Coalición Cívica y vicepresidenta de la Comisión de Seguridad.

 

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La deuda pendiente que tenemos con los porteños con respecto a la transferencia de las competencias de la Nación a la Ciudad, poco a poco se va saldando para lograr la tan esperada autonomía que las diversas leyes fueron limitando durante estos últimos veinte años. Un gran paso es sin dudas, el tratamiento de esta nueva Policía de la Ciudad. 

 

El creciente delito, la corrupción, el narcotráfico necesitan de una decisión política del Estado y el fluido funcionamiento de los controles y cumplimiento de las leyes por parte de nuestra Justicia.  

 

Fusionar dos fuerzas como la Federal y la Metropolitana y darles una impronta de profesionalismo, tecnología y recursos humanos bajo el control político y civil, es sin dudas un reclamo de la sociedad a los poderes del Estado. Se necesita una transformación estructural de una fuerza que durante todos estos años tuvo una creencia de dominación verticalista con reglas propias manejadas desde su corporación. Aún durante gobiernos que se decían progresistas, no se cumplió el mandato constitucional de respetar los derechos de los ciudadanos y otorgarle a la Ciudad su autonomía plena para que funcione jurídicamente como una provincia más, tal como adherimos siempre desde la Coalición Cívica. 

 

Uno de los puntos esenciales para nosotros, es establecer una conducción transparente y controlada. Un civil altamente capacitado y con la independencia que le permita tener sus manos libres para desplazar de sus funciones a quien corresponda, será un cambio radical. Como así también la participación ciudadana en la fiscalización y denuncia de aquellas prácticas de mal desempeño. Un modo de terminar con un sistema corrupto que mantiene impunes los delitos es transparentar la función pública a través de la presentación de declaraciones juradas. 

 

El tratamiento de esta Ley, generó un debate enriquecedor entre los distintos bloques, un fluido intercambio de opiniones con respecto  la posesión o no del estado policial de los miembros de la fuerza, sobre la tenencia o no de armas de fuego en eventos masivos, acerca de la existencia o no de prestaciones adicionales, sobre el rol de las empresas de seguridad privada, sobre la integración de los foros de seguridad pública. 

 

El problema de las competencias y jurisdicciones entre ambas fuerzas, a través de una política de estado integral debe garantizar las herramientas del área de inteligencia criminal e investigaciones especiales necesarias para combatir la corrupción y el narcotráfico. 

 

Por otro lado, es importante que las condiciones laborales sean consecuentes con la responsabilidad de los cargos: establecer un único escalafón policial, un salario alto que termine con las cajas chicas y con la privatización de la seguridad pública que se ha hecho una práctica habitual de subsistencia. 

 

Nuestro compromiso como legisladores es lograr una reforma orgánica e institucional e impulsar estructuras de participación y control ciudadano. Es un gran desafío terminar con años de connivencia entre algunos miembros de las fuerzas policiales y el delito. Garantizar a los porteños el derecho a la su seguridad es nuestra responsabilidad. 

 

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