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Interrogantes sobre el traspaso de los centros de régimen cerrado
Viernes, 16 de Septiembre de 2016 10:56

1012*Legisladora de la Ciudad por el Frente para la Victoria. Presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura.

 

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El 19 de julio se dio a conocer el Decreto presidencial 873/2016 que transfiere los Programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales de intervención con adolescentes infractores a la Ley Penal, dependientes hasta el momento de la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), a la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ese momento, todavía no contamos información oficial acerca de cómo se llevará a cabo el traspaso.

 

Estamos profundamente preocupados porque no hay claridad sobre cuál será la modalidad de traspaso de los y las trabajadores, ni de qué manera y bajo qué perspectiva se trabajará con los adolescentes durante su permanencia en los centros, para prevenir su ingreso y acompañar su egreso.

 

Este traspaso representa una oportunidad para fortalecer las políticas socioeducativas que promuevan la construcción de un proyecto de vida alternativo para los y las adolescentes infractores puesto que, en la actualidad, es altísimo el grado de reincidencia de los chicos que ingresan a este tipo de dispositivos.

 

Consideramos que el rol de la Legislatura debe ser el de debatir pública y democráticamente las políticas para adolescentes infractores que tendrán lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Es necesario darlo en torno a la legislación vigente, dado que en la Ciudad sólo hay una ley de procesamiento penal juvenil que no incluye a los adolescentes que están afectados a los centros de régimen cerrado y la legislación existente a nivel nacional data de un decreto de la dictadura. La Legislatura debe dar el debate en torno al Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, en el marco del respeto a los Derechos Humanos de los y las adolescentes, un debate que nada tiene que ver con la baja de la edad de imputabilidad y que debe estar en concordancia con la Ley 114 a nivel local y la Ley 26.061 a nivel nacional de protección de los derechos, así como los diversos tratados internacionales a los cuales Argentina a adherido.

 

Desde la Presidencia de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud de la Legislatura se ha llamado la atención en reiteradas oportunidades respecto de la falta de información oficial que existe al respecto. Por tal motivo, el mes pasado se conformó una mesa de trabajo con diversas instituciones con trayectoria de trabajo en la temática. El fruto de esta mesa fue la elaboración de un documento que será entregado a las autoridades correspondientes con ciertos interrogantes que esperamos que se aclaren.

 

El documento expresa preocupación por los criterios sobre los cuales se está definiendo este proceso, que se lleva adelante a puertas cerradas, sin intercambios ni diálogos con las organizaciones, sindicatos, instituciones y especialistas que vienen trabajando en el terreno de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad.

 

En relación con los trabajadores, en el decreto sólo se menciona el traspaso del cuerpo de seguridad. El resto de los equipos, que debe tener un rol destacado, estimamos que se dará la opción de pase. Desde nuestro rol, insistiremos en el compromiso y experiencia que deben tener los trabajadores y trabajadoras, con capacitaciones permanentes, así como condiciones salariales dignas.

 

Dado que se conformará un dispositivo en el cual el Gobierno de la Ciudad no tiene experiencia, nos parece fundamental que se tomen en cuenta el conocimiento y el recorrido previo de múltiples actores e instituciones que desde hace años trabajan para mejorar las políticas en pos de los derechos de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

 

En este sentido, consideramos que es una oportunidad para que las condiciones edilicias de los dispositivos de alojamiento cerrados y semi-cerrados se modifiquen y mejoren.

 

En relación con los organismos de control, consideramos que debieran ser los mismos que existen ahora, como el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la AGT. Sin embargo, al no haber definiciones ni información oficial, es necesario que esto sea ratificado. Asimismo, llamamos la atención sobre la incompatibilidad en caso de que estos dispositivos dependan del Consejo, ya que un organismo de control no puede llevar a cabo políticas de privación de la libertad.

 

Los y las adolescentes que ingresan a estos dispositivos son, en general, chicos y chicas que provienen de los sectores sociales más desfavorecidos. Es por ello que desarrollar políticas públicas realmente integrales es una tarea crucial para disminuir el número de adolescentes en conflicto con la ley penal. 

 

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