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“Apuntamos a la gran organización que hay detrás del vendedor ambulante”
Martes, 09 de Enero de 2018 10:05

1537La fiscal Celsa Ramírez, a cargo de la investigación que desembocó en el desalojo y demolición de puestos ilegales en Liniers, dialogó en exclusiva con AVISPADOS y confirmó que siguen trabajando para “desbaratar a estas pequeñas organizaciones que quedan”.

 

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El 28 de diciembre del año pasado las topadoras arrasaron con las estructuras que habían sido locales clandestinos en la Avenida Rivadavia entre Carhué y Cuzco, el pasaje Roffo y bajo el puente de la Avenida General Paz en la Comuna 9.

 

 

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El operativo fue producto de casi un año de investigaciones en las que Ramírez concluyó que organismos del Estado como la ex Sofse, Playas Ferroviarias de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado alquilaban el espacio público a los comerciantes.

 

“Las distintas administraciones de Sofse -que es el que maneja actualmente ese sector- usaban este mecanismo desde hacía unos 20 años”, contó la titular de la Fiscalía 35 que además trabaja interinamente en la 21.

 

-¿Cómo empezó la investigación?

 

-Comenzamos con la venta ilegal de mercadería en la estación Liniers, aunque hasta el primer operativo era dudoso si esto estaba en el espacio público o pertenecía a locales que funcionaban dentro de la estación.

 

Luego detectamos que los locales que estaban trabajando en el margen de las vías del tren eran locales ilegalmente construidos. Unos 60 comercios que estaban ubicados de esta forma fueron clausurados por la Agencia Gubernamental de Control y nosotros labramos las actuaciones por venta ilegal.

 

Conjuntamente allanamos 5 depósitos y 7 talleres clandestinos y secuestramos las máquinas. Los talleres estaban instalados de forma precaria e ilegal, que propicia un sistema esclavizante de personas que están trabajando de manera informal.

 

1538-El resultado de la investigación sobre los locales fue que el Estado estaba involucrado.

 

-Es una actividad que se venía haciendo desde hacía unos 20 años. Lo cierto es que la fiscalía no podía llevar como imputados a los comerciantes porque a su vez quienes les alquilaban esos locales eran Sofse, Playas Ferroviarias de Buenos Aires y la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

 

-¿Cómo lo resolvieron?

 

-Se hizo una mesa de diálogo para sacarle la responsabilidad a los vendedores porque alquilaban quizás de buena fe aunque no era locales aptos para funcionar como comercios, no tenían ni luz ni sanitarios.

 

Con los organismos se hizo un acuerdo para devolver a la Ciudad estos espacios que estaban siendo ilegalmente ocupados.

 

-Podemos argumentar que los comerciantes no sabían lo que hacían, pero los estatales sí. ¿No se los sancionó?

 

-Lo que se hizo fue arribar a una resolución alternativa del conflicto que es lo que prevé la norma: en lugar de llevar las circunstancias a juicio se busca alguna forma de resolver a través de una autocomposición o la mediación. Acá se le devolvió estos lugares a Espacio Público.

 

También nos encontramos con que los que asumieron la gestión de estos nuevos organismos continuaron lo que se venía haciendo sin cuestionar este funcionamiento. En la mesa de diálogo muchos que alegaron que había un error porque desconocían que estos locales no estaban habilitados.

 

-Este tipo de cosas termina afectando a los más débiles de la cadena. ¿Pasará algo con los vendedores? ¿Se los ayudará de alguna manera?   

-No corresponde que lo hable yo desde la fiscalía, no lo manejo en forma certera. Trabajamos de forma conjunta con la división de Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, el Ministerio de Espacio Público y la Agencia Gubernamental de Control. Todos estos organismos sí viabilizan la manera en que estos comerciantes sean llevados a los predios que se están habilitando para la venta como fue en el caso de Once.

 

-¿Harán alguna prevención especial para que los locales no se vuelvan a construir?

 

-En todos estos sectores se demanda un control preventivo exhaustivo por parte de las fuerzas de seguridad. De hecho, durante el año pasado hubo control permanente y consignas en la zona para que no se vuelvan a instalar. Lo primero que se hizo fue clausurar estos locales y cada tanto había alguno que se acercaba para reabrir o instalarse. Todo el año se impidió eso.

 

-¿Sigue el trabajo de su Fiscalía en la zona?

 

-Sí. Las investigaciones van a seguir para desbaratar a estas pequeñas organizaciones que quedan aunque bastante se han desbaratado. Y también el control que se está haciendo en determinados sectores desalienta a que la actividad crezca.

 

El último eslabón de la cadena es el vendedor ambulante, pero detrás de ellos hay una gran organización que es a lo que nosotros apuntamos. Cuando tengamos certezas sobre alguno de los organizadores lo daremos a conocer. 

 

 
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