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Daniel Presti: “Los diferentes intereses dilatan el proceso de transferencia de la Justicia”
Viernes, 10 de Febrero de 2017 14:59

1209El presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura aseguró que el traspaso de los fueros judiciales nacionales a la Ciudad se dilata “porque todo cambio genera incertidumbre”. En una profunda entrevista con Avispados, Presti confió en que el Parlamento porteño ratificará en las primeras sesiones los convenios de transferencia firmados por Macri y Rodríguez Larreta y dio su punto de vista sobre los rumores que lo mencionan como futuro presidente del bloque PRO.

 

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Por Cecilia Bona

 

“La Ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de Gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción”, comienza el artículo 129 de la Constitución nacional.

 

Esa premisa –que fue incluida en la reforma de 1994- aún está en deuda. Lentamente, el distrito porteño fue haciéndose cargo de las facultades otorgadas por la Carta Magna: elije a su jefe de Gobierno, tiene su Parlamento, maneja presupuesto propio y desde enero del año pasado cuenta con un cuerpo policial a sus órdenes.

 

Sin embargo, la autonomía plena es una deuda que está por cumplir 23 años. La transferencia de la Justicia, por ejemplo, es uno de los casos. Por eso, los conflictos porteños (desde un delito hasta un divorcio) siguen dirimiéndose en Tribunales federales como si se tratara de un asunto de Estado.

 

“Lo que dicen el artículo 129 de la Constitución nacional y la Constitución local es que la Ciudad debe tener su propia Justicia como cualquier provincia. Debe tener fuero Civil, de Familia, Laboral, Comercial y Penal”, resume Presti.

 

Después de que el 19 de enero pasado el presidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta firmaran 4 convenios de traspaso (Ver recuadro), el Congreso nacional y la Legislatura toman el protagonismo ya que deberán refrendarlos en sus recintos.

 

 

QUÉ DICEN LOS CONVENIOS

 

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Avispados tuvo acceso a los cuatro convenios firmados el 19 de enero entre el presidente Macri y el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta.

En efecto, los acuerdos traspasan a manos locales el fuero Penal, el Registro de la Propiedad Inmueble, la Inspección General de Justicia (IGJ) y la defensa del Consumidor.


En el caso de la Justicia Penal, quedarán para la Ciudad la resolución de hechos que atenten contra las personas, la integridad sexual, la libertad, la propiedad, la seguridad pública, el orden público o la administración pública.
Efectivamente, el convenio traspasa 8 Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional, 18 vocalías de los Tribunales Orales en Criminal y Correccional; 2 Juzgados Nacionales de Menores; 3 vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa.

El segundo documento transfiere todas las funciones y facultades del Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) “en todas las materias no federales”, al igual que lo hace el tercer texto con la IGJ.


El último convenio expresa que “los conflictos de las relaciones de consumo” serán dirimidos por la Justicia local. A ese fin se trasladan 8 juzgados y demás organismos involucrados en los procesos de apelación.


Los acuerdos se realizaron en el marco de la Constitución nacional reformada en 1994, cuyo legado fue convertir a la Ciudad de Buenos Aires en un distrito autónomo.


Sin embargo, la denominada “Ley Cafiero” -sancionada en 1997- pareció interponerse al mandato de la Carta Magna con el objetivo de “garantizar los intereses del Estado nacional en la Ciudad”.


El texto obligaba a celebrar “convenios relativos a la transferencia de organismos, funciones, competencias, servicios y bienes”, por lo que el traspaso de la Justicia quedó ajustada a este mandato.


“Para la transferencia hubo dos estrategias. La primera fue presentar en el Senado un proyecto a través del ministro Garavano para que el Congreso nacional deje sin efecto la cláusula Cafiero. Por diferentes razones no pudimos avanzar con eso, más allá de los argumentos nuestros. Entonces vamos a trabajar por los convenios”, explicó Presti. 

 

 

 

 

 

“SERÍA UN HONOR PRESIDIR EL BLOQUE”1210

El los últimos días comenzó a circular un rumor que indicaba la partida del jefe de la bancada PRO en la Legislatura, Francisco Quintana, rumbo al Ministerio del Interior de la Nación.


El reemplazante que más sonó fue el propio Presti, quién no desmintió las versiones y puso en manos del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta la decisión final.


“Para mí sería un orgullo y un honor presidir el bloque. Me siento contento por lo menos de estar ahí y ser reconocido por los colegas y el jefe de Gobierno. El tiempo dirá”, afirmó con suspenso.

 

 

 

 

 

QUIÉN ES DANIEL PRESTI

 

El actual presidente de la comisión de Justicia de la Legislatura es abogado (UBA) y posee un Posgrado en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad del Salvador.


En 2011 ingresó a la Legislatura y fue reelegido en 2015, por lo que su mandato finalizará en 2019.

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Antes de desempeñarse como diputado fue subsecretario de Justicia de la Ciudad y previamente trabajó como secretario federal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 7 de la Capital Federal. 

-En materia judicial local, ¿cuál es el estado actual de situación?

 

-Hasta ahora han existido dos convenios ratificados por el Congreso y la Legislatura en los cuales ha existido una transferencia parcial de las competencias.

 

Lo que se había decidido en su momento era dejar de traspasarlas y, conforme a lo que dice la Constitución, empezar a pasar dependencias del Poder Judicial de la Nación en bloque, desde los magistrados a los empleados. Y eso es lo que se ve reflejado en los convenios, en especial en el Penal, porque se transfiere estructura.

 

-Hasta ahora había una parte de la Justicia Penal que ya estaba transferida.

 

-Muy poco, teníamos sólo competencias. La Ciudad tiene una Justicia muy chica, de dos fueros: el Penal, Contravencional y de Faltas y el Contencioso Administrativo y Tributario.

 

-El rol de la Legislatura será aprobar los acuerdos. ¿Habrá consenso?

 

-Por lo que estuve hablando con la oposición, acá no deberíamos tener mayores sobresaltos. Los convenios -por la Constitución de la Ciudad- no podemos modificarlos: vienen firmados por el Presidente y el jefe de Gobierno y la Legislatura lo que tiene que hacer es aprobarlos o rechazarlos. La idea es debatirlos, trabajarlos en el seno de la comisión y avanzar rápidamente en el recinto para aprobarlo en las primeras sesiones.

 

Una vez ratificados, se trabajará coordinadamente con la Nación para que en el Congreso se apruebe. No importa de qué partidos políticos sean los diputados y senadores nacionales por la Ciudad, entiendo que van a ponerse la camiseta de la autonomía.

 

Se está trabajando para ver de qué manera se puede avanzar lo más rápido posible.

 

-Si es mandato constitucional, ¿por qué se hace esperar tanto el otorgamiento de la autonomía plena a la Ciudad?

 

-La autonomía está incompleta. Este ha sido un Gobierno que ha avanzado, a fin de año se ha traspasado el juego, se transfirió la Policía Federal transformándola en Policía de la Ciudad, se ha adelantado en el tema de Justicia… Cuando en 2007 empezamos todo este proceso, ya se hablaba de la autonomía de la Ciudad en materia judicial.

 

Hay intereses en el medio. Los propios jueces, que dicen que no hacen política, te mandan mensajes diciendo “el Congreso no lo va a aprobar”. La pregunta mía es ¿cómo saben si el Congreso va a aprobar los convenios firmados si ellos no hacen política? Los diferentes intereses dilatan el proceso de transferencia de la Justicia. Se quita el eje fundamental: los vecinos de la Ciudad, todos nosotros.

 

-Hay una fuerte resistencia al traspaso por parte de los trabajadores judiciales en su conjunto: desde empleados hasta jueces.

 

-Hay resistencia porque todo cambio genera incertidumbre. Creo que en el fondo también pasa por un tema de egos. Los transferidos piensan que van a ser jueces municipales y dejan de tener el estatus de “Justicia nacional”, aunque hoy ya resuelven cuestiones locales.

 

-¿No cambiará nada en materia de salario o posición laboral?

 

-Absolutamente nada. Ese es otro de los argumentos. Dicen “tengo miedo, temor o incertidumbre de mi salario o estabilidad”. Me sorprende que los magistrados digan eso, porque ellos conocen las normas y un derecho adquirido es justamente eso.

 

Es redundante decir “los jueces transferidos van a ganar lo mismo que ganaban cuando estaban en la Nación”, pero si hace falta se consignará en alguna norma para que ellos estén tranquilos.

 

Hay otra cuestión más política-judicial de la Asociación de Magistrados que tampoco quiere ese traspaso y lo mismo pasa con el sindicato conducido por Julio Piumato, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN). Yo lo veo como un club: si vos tenés 3 mil socios y de repente se te van mil, vas a putear. 

 

-¿Esa es para usted la razón de la resistencia del UEJN? El viernes 3 de febrero hicieron un paro nacional para manifestarse.

 

-Uno de los motivos creo que debe ser ese. Pero hay un final anunciado: se van a traspasar. Tendrán resistencia hoy, pero el final es ese y la Justicia nacional se va a dedicar exclusivamente a lo federal (narcotráfico, asuntos interjurisdiccionales, al lavado de dinero).

 

¿Por qué cualquier provincia tiene eso y la Ciudad no? Si nosotros también elegimos a nuestras autoridades…

 

Del paro, la primera reflexión es que tienen su derecho de manifestar como les parezca, pero justo después de la feria… Me parece espectacular que manifiesten lo que quieran, pero… insisto con que la sociedad espera una respuesta profunda del Poder Judicial.

 

-Volviendo a los convenios de transferencia, ¿qué pasará una vez que sean ratificados?

 

-Una vez finalizado eso, queda el fuero laboral. Hubo una proyección de traspasarlo, pero hubo tantas quejas que se definió en un segundo momento. Inclusive, la Cámara nacional del Trabajo sacó una acordada. Yo insisto: creo que es por un tema de egos.

 

Debería transferirse todo, se trata de que cumplamos las constituciones nacional y local.  

 

Paralelamente, lo que hay que hacer desde la comisión es prepararse para cuando se haga efectiva la transferencia. Se tiene que dar un debate para ver qué Justicia queremos, qué Justicia quiere la Ciudad para sus vecinos.

 

Hay que contar con los proyectos necesarios: tener el Código Procesal Penal reformado, el Código Procesal de Consumidores proyectado o lo más consensuado posible, la Ley Orgánica de Consumidores...

 

Vamos a tener una oportunidad única para dar ese debate y llegar con la madurez necesaria para, cuando los convenios se ratifiquen, estar en condiciones de rápidamente sancionar las normas que hacen a la vida diaria de lo transferido.

 

-En este contexto, ¿se aprobarán los Tribunales de Vecindad creados por la Constitución?

 

-No, no van a salir. Hoy, más allá de ser una demanda y una deuda (porque la Constitución prevé Tribunales de Vecindad) creo que sería irresponsable de nuestra parte avanzar con eso cuando tenemos que plasmar una transferencia que está en proceso.

 

Hay proyectos, está en carpeta trabajarlos, pero creo que se tienen que estudiar de manera paralela. Lo primero que tenemos que hacer es fortalecer esa autonomía, esa transferencia, dar herramientas para ello.

 

-¿Cuándo la Ciudad gozará de autonomía plena en materia de Justicia? 

 

-Lo primero que habría que hacer es una evaluación de los tiempos del Congreso. Si los tiempos son ágiles, deberíamos tener una respuesta en 2017. Ahora, si pasa este año porque hay elecciones y ya sale a fines de 2018, mediados de 2019, nos va a demandar la organización interna.

 

Hay un proyecto interesante del ministro (de Justicia de la Nación Germán) Garavano que es Justicia 2020. En esa proyección, lo que el ministro analiza es que la transferencia se haga progresivamente para una autonomía plena en el 2020. En lo personal, creo que es mucho tiempo, debería darse antes.

 

-En base a su experiencia, ¿cómo debería funcionar la Justicia para usted?

 

-Tiene que evolucionar. Ser oral, poco escrita, que haya firma electrónica, digital. Algo mucho más ágil. Tenemos que trabajar para que haya un acceso rápido a la Justicia. Yo estuve 20 años en el Poder Judicial y en Comodoro Py, lo conozco… (Ver recuadro). Para resolver alguna cuestión se sigue escribiendo, se sigue fundando, para sacar una cédula…

 

Los jueces tienen que estar, laburar, ser los primeros en llegar y los últimos en irse, no tanta feria judicial. Es un tema para resolver internamente entre ellos.

 

La sociedad demanda hoy una respuesta del Poder Judicial y la tienen que dar los jueces. Desde la política podemos ayudar, darle instrumentos, mayor presupuesto, mayor infraestructura, herramientas y tecnología, pero en el fondo ellos tienen que dar la respuesta. 

 
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